El último minuto ya pasó

El clima de tensión alimentado en Cataluña por el sector independentista y en el resto de España por el Gobierno del Partido Popular está permitiendo, una vez más, que se lleven a cabo verdaderos desmanes democráticos en uno y otro lado, para desgracia de los ciudadanos catalanes y españoles. El primer atropello se está produciendo en las instituciones judiciales españolas que el PP intenta ocupar, antes de que se juzguen los principales casos de corrupción. Y el segundo, en las instituciones catalanas, que pretenden hacer pasar por el Parlament, sin debate ni mayoría legítima, una ley elaborada en secreto.

Ninguno de los dos asuntos es menor, porque afectan a la vida institucional y democrática de este país y porque sus consecuencias serán duraderas: son como carcoma en la madera de las instituciones y si se dejan pasar, estaremos, todos, catalanes y españoles, preparándonos para males mayores, que son los que afectan a los usos democráticos, la confianza en las instituciones y el imperio de la ley. En ambos casos, para nuestra desgracia, lo que se está imponiendo es una asquerosa astucia engañosa, una serie de trucos y manipulaciones, capaces de desmoralizar al más cándido de los ciudadanos.

El PP es consciente de la enorme desconfianza que provoca en los ciudadanos el funcionamiento de la Justicia, no tanto porque recelen del trabajo cotidiano de los jueces, sino porque sospechan que las instituciones que les gobiernan funcionan al servicio del poder de turno. Y esa sospecha, que el poder político debería esforzarse en combatir, aumenta sin remedio a la vista de los últimos nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes. Una magistrada, Concha Espejel, que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional recusó en su día para que no pudiera formar parte de los tribunales que trataban del caso Gürtel y del Caso Bárcenas, porque “un observador objetivo tendría razones para dudar de su imparcialidad”, presidirá ahora esa mismísima sala. Y un magistrado, Enrique López, recusado exactamente por los mismos motivos y circunstancias, formará parte de la Sala de Apelaciones encargada de revisar los casos juzgados en esa Sala de lo Penal. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se siente hoy seguramente muy satisfecho de haber impuesto su voluntad sobre la prudencia. Probablemente piensa que al presidente del Poder Judicial solo le puede reprobar la historia. Pero una cosa es reprobar, lo que no esta en manos del Congreso, y otra renovar, que sí puede estarlo. El mandato de Lesmes finaliza dentro de año y medio y es posible que para entonces el Congreso ya haya elegido algunos nuevos vocales, de manera que su actual presidente ya no disponga de la aplastante mayoría con la que cuenta ahora.

La misma astucia engañosa que mueve los nombramientos de Espejel y López es lo que mueve la famosa ley de transitoriedad jurídica que la Generalitat de Catalunya elabora en secreto. Xavier Vidal Folch denunció hace pocos días la falta de democracia deliberativa que acompaña a todo el proceso desencadenado por la Generalitat. Toda la argumentación se basa en uno de los mayores agujeros negros en una democracia: el fin justifica los medios. Miquel Iceta dice que los catalanes se mueven en unas paralelas peligrosas: unos no quieren ver lo que pasa y otros esperan que alguien lo arregle en el último minuto, Se dividen, pues, entre los que se mueven en una fe casi religiosa y los que sienten un descreimiento total. En el fondo, lo mismo que pasa en toda España. Hay quienes creen que todo el desaguisado institucional que presenciamos se arreglará en un último minuto. Pero el último minuto suele ser el que ya pasó.