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Un golpe ultra contra los catalanes

Se pretende legitimar un referéndum unilateral sin garantías de censo ni autoridad independiente de control, en abierta rebeldía contra el Estatut

Carles Puigdemont, acompanado de los consejeros Oriol Junqueras y Raul Romeva en una foto de archivo
Carles Puigdemont, acompanado de los consejeros Oriol Junqueras y Raul Romeva en una foto de archivo EL PAÍS

El texto es un autogolpe contra la ciudadanía catalana y su legalidad estatutaria. Lo que intentó ser una revolución de las sonrisas ha derivado en autoritarismo ultra. Es un sesgo contagiado del populismo extremo recién instaurado en EE UU y Reino Unido que impregna todo el articulado contenido en los 44 folios del clandestino borrador de la ley de desconexión.

El proyecto se inspira en la inquina a la prensa (practicada por Donald Trump) en calidad de contrapeso democrático. Es un remake de la ley Fraga, que en pleno franquismo (1966) sustituyó la censura previa por los secuestros realizados a posteriori.

Así, los medios podrán mostrar apoyo a una opción siempre que se respeten los principios fundamentales (pluralismo, igualdad de oportunidades...) de una “manera equitativa y razonable” (¡!). Que será juzgada por una Sindicatura (Junta) electoral designada por la escueta mayoría secesionista y no por la nunca lograda —¡en 40 años!—, y requerida mayoría reforzada: golpe al Parlament.

Se inspira también en el desprecio a la justicia y a la división de poderes exudados por Trump y Theresa May, que han buscado zafarse de los otros poderes en el control del Brexit o de las barreras antimigrantes.

Así que el president de la Generalitat designaría a dedo al del Tribunal Supremo y se sojuzgaría a jueces y tribunales. Se amnistiaría automáticamente a los condenados por desacatar al Constitucional. Y se facilitaría la benevolencia casera para los (presuntos) corruptos del régimen pujolista, según designio de sus antiguos y activos monaguillos.

Y se pretende legitimar un referéndum unilateral —mientras se aparenta negociar otro, pactado y legal— sin garantías de censo ni autoridad independiente de control, en abierta rebeldía contra el Estatut.

Este establece (artículo 222) que cualquier reforma del mismo debe aprobarla una mayoría reforzada de dos tercios (90 escaños); la presunta ley la rebaja a la mitad más uno de los diputados (69): bastaría así esa ilegal mayoría para modificar... el sistema entero.

¿Cómo se denomina un régimen con censura de prensa, esclavitud de los tribunales ante el Ejecutivo, sistema electoral trucado y violación de la legalidad vigente? Dictadura. Con razón la cúpula secesionista ocultaba este vergonzoso texto a la opinión. Amén de autogolpe es una zafiedad jurídica.

¿Por qué? Porque se trata de una ley ordinaria (aunque se la califique enfáticamente de “fundacional”) que pretende (apenas susurrándolo) derogar una norma de rango superior: el Estatut de 2006, es decir, lo que se conoce como la Constitució interna de Catalunya y que es ley orgánica del Estado español.

Porque en dicho Estatuto se enhebra (artículo 223) un sistema de matizada cosoberanía (Parlament / Cortes / cuerpo electoral) ahora secuestrado en beneficio de un solo actor: la Cámara. Y aun amordazando a la mitad de sus componentes, vía reforma exprés de su reglamento. Y porque engaña a la opinión presumiendo que Cataluña continuará en la UE, cuando el artículo 4.2 del Tratado de la Unión establece el deber de respetar la “integridad territorial” de sus Estados miembros.

Va contra los catalanes. Va contra Europa. ¿Alguien da más?

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