Cómo ayudarías a los refugiados con 17.000 millones

Hace unas semanas salía a la luz un vídeo con el que se prueba que la policía costera italiana ignoró sistemáticamente avisos de socorro de embarcaciones de migrantes dentro del marco de su competencia costera.

Esto coincide con las constantes acusaciones por parte del director de Frontex: las organizaciones de socorro en el Mediterráneo están ayudando a los traficantes de personas.

En realidad es muy sencillo, ya lo dijo claramente la secretaria de Estado británica Joyce Anelay en 2014 cuando el gobierno inglés anunció que no participará en la financiación de las labores de rescate del Mediterráneo: hay que dejar que se ahoguen, salvarlos tiene efecto llamada.

Cuando, durante la cumbre de Malta el pasado diciembre, se firmó el acuerdo de 200 millones de euros entre la Unión Europea y Libia, para que esta última reforzara el control de sus costas, aparecieron en sus aguas un par pateras hundidas con decenas de muertos.

Sin duda, pura coincidencia.

Libia es un país sin gobierno que, según los informes oficiales de la Embajada de Alemania en Níger, está asesinando a refugiados en los campos financiados con dinero de la UE.

El jueves pasado la guardia costera italiana rescató una embarcación con 801 personas a bordo, la mayoría sirias, muchos de ellos niños.

No es casualidad, es el resultado directo de los acuerdos firmados entre Europa y Turquía, un país en el que, por desgracia, no se sabe qué está haciendo con los refugiados ni con nuestro dinero.

Los campos los pagamos nosotros. No consta ningún informe detallado de cómo se está usando ese dinero y desde luego resulta sospechoso (y es inadmisible) que existan varios campos de refugiados en los que nadie, ni los auditores de la UE, han podido poner un pie jamás.

En los campos a los que sí han podido acceder autoridades y periodistas se cometen atropellos que están siendo denunciados por múltiples organizaciones. Lo más grave, es que ahí las personas están siendo privadas de libertad, como si fueran delincuentes.

En medio de todas estas políticas deshumanizadas, surgen insumisos que no se resignan a cumplir leyes que atentan contra los derechos humanos, empezando por el derecho a la libertad de movimiento recogido en el artículo 13 de esa declaración que maltratamos sin tregua.

La insumisión se paga cara. Hace una semana anunciaban que el tribunal de Niza pide unas penas de cárcel para cuatro jubilados que ayudaron a un grupo de refugiados a atravesar los Alpes en pleno invierno.

Los acusados alegan razones humanitarias, las autoridades tráfico de personas, aun a sabiendas de que nadie se lucró con la acción.

Imagino la determinación de esta gente ayudando a los refugiados y no puedo evitar pensar en las las personas que ayudaban a cruzar la frontera norte española en plena Guerra Civil. La historia se repite y no lo queremos recordar.

En todo este batiburrillo cada vez son más las voces que se alzan pidiendo una acogida regularizada urgente.

El prestigioso centro de estudios británico ODI acaba de publicar un documento explicando cómo Europa ha gastado más de 17.000 millones de euros en el control de fronteras, sin que esto haya tenido un efecto notable.

En el año 2016 hubo un total de 890.000 peticiones de asilo en la UE, sin embargo solo hay registradas 330.000 llegadas, eso quiere decir que más de medio millón de personas llegaron por rutas no oficiales. Seguramente traídos por la mafia y sufriendo condiciones inhumanas.

La pregunta es sencilla y dolorosa.

¿Qué se podría hacer con 17.000 millones de euros para asegurar la entrada y la integración de refugiados y migrantes?

A mí, al igual que a ustedes, se me ocurren miles de ideas. Lo curioso, lo triste, lo patético es que al gobierno de la Unión solo se le ocurre invertir el dinero en estados fallidos, muros y campos que vulneran sistemáticamente los principios éticos y humanos promulgados con orgullo por la propia UE.

Este Artículo ha contado con la colaboración del periodista Alberto Agurruza.