Pacto de silencio

Justifica Esperanza Aguirre su (tercera) dimisión, hecha pública el lunes, en el reconocimiento de la responsabilidad política que debe afrontar por no haber sabido vigilar a su subordinado, Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado por graves acusaciones de corrupción.

¿No supo vigilarlo? ¿O no quiso? Se trata de una pregunta legítima a la luz de los numerosos indicios existentes desde hace tiempo que apuntaban al enriquecimiento ilícito y proceder irregular de su protegido Ignacio González, cuya carrera política Aguirre promovió y protegió siempre con extremado celo. Una supuesta negligencia, la de la líder popular, que se extiende a numerosos nombramientos y casos de corrupción que afectan al tiempo en el que Aguirre ejerció de Presidenta de la Comunidad y del PP en Madrid.

Al contrario de lo que sostiene Aguirre, esa proliferación de casos de corrupción no obedece a las conductas moralmente reprobables de unas cuantas personas que buscaban exclusivamente su lucro personal, sino a la existencia de una madeja de corrupción en la que se entrelazan de manera indistinguible la financiación de las campañas electorales del PP, la corrupción de sus más destacados altos cargos y las luchas de poder entre facciones rivales en el PP de Madrid y el PP nacional.

Es un patrón recurrente en los partidos políticos que aquellos que se dedican a financiar irregularmente al partido o dejan a otros hacerlo acaben tanto corrompiéndose personalmente como valiéndose de su conocimiento de esa corrupción para ascender en la organización, forjar posiciones de poder y chantajear a sus rivales dentro del partido. Y cuando sus prácticas son expuestas, intentan forjar pactos de silencio y buscan el encubrimiento político, mediático o judicial.

El caso del PP, como atestiguan los casos Bárcenas y González, se ajusta perfectamente a este patrón y muestra con toda crudeza por qué y hasta qué punto la corrupción es una lacra que corroe y destruye a los partidos. Pero además de dañar la reputación de los dirigentes de los partidos políticos, la corrupción también mina la confianza de la ciudadanía en las instituciones, máxime cuando los partidos, por miedo a asumir el coste de la corrupción, deciden proteger a los corruptos y extender un manto de silencio o impunidad sobre ellos esperando que todo pase y que el tiempo disuelva las responsabilidades.

Es por ello que exigimos que el Partido Popular reconozca de una vez por todas la existencia de redes de corrupción y financiación ilegal dentro de su partido y acabe con los pactos de silencio que han permitido su pervivencia, pasando de denunciado a denunciante de los delitos investigados. Se lo debe a la ciudadanía y a la democracia.