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El orgullo de un nombre

Lo tuvieron claro desde, al menos, 1965: después de Franco, ninguna democracia sin presencia comunista. De dónde procedía aquella fe en el futuro no es fácil de entender, pero sin los comunistas no se explica la imparable erosión de la dictadura

El orgullo de un nombre

Gracias al generalísimo Franco y a los que con él salvaron a España el 18 de julio de 1936, podemos nosotros, cuarenta años después, sentirnos orgullosos de ser españoles y haber vencido al comunismo y al separatismo”. Cuarenta años después era 1976 y quien así hablaba era teniente general y ministro, Félix Álvarez-Arenas, pero manifestaciones similares podían encontrarse en la multitud de entrevistas que durante aquel año y los siguientes militares de alta graduación estaban más que dispuestos, ansiosos por conceder a periodistas, especialmente si se llamaban Pilar Urbano o María Mérida.

Con Franco o con el Rey, el ejército es el mismo, decía Álvarez-Arenas, cimiento y garantía del Estado, emanación directa del pueblo, vigilante del proceso político, siempre preparado para cumplir la misión de apoyo o refuerzo de las Fuerzas de Orden Público. Era su deber y obligación emplearse en la política sustantiva, no en la adjetiva, la pequeña, sino en la de nivel más alto y sublime, que consistía en garantizar que los políticos no quebrantaran lo que habían jurado defender: el orden institucional resultado de una guerra librada por la salvación de España en lucha contra Rusia, como había dicho Franco en julio de 1936, cuando ni embajador de la Unión Soviética había aún en Madrid.

Los comunistas, por su parte, venían de una larga historia de aislamiento y exclusión, que se remontaba a los últimos meses de Guerra Civil y que, desde 1956, pugnaron por sacudirse de encima con su política de reconciliación nacional. Fueron los primeros en defender la clausura de la guerra por una amnistía general, “para los que combatimos bajo la bandera de la República, pero amnistía también para los que combatieron al lado de Franco y cometieron hechos punibles”, como predicaba Marcos Ana por el ancho mundo tras cumplir 23 años de prisión. De momento, no les valió de mucho: Franco mantuvo contra ellos aquel estado de guerra continuado que denunció Dionisio Ridruejo en su protesta por el fusilamiento de Julián Grimau, en 1963, y ninguna de las facciones del régimen dudaba de que cupiera hacia los comunistas otra política más que la persecución y los consejos de guerra.

Resistieron, sin embargo, pagando un alto precio en cárceles y torturas. Y como principales protagonistas de la resistencia contra la dictadura en las comisiones obreras, en los nuevos sindicatos universitarios, en los colegios profesionales, reivindicaron un papel principal para el después de Franco. Lo tuvieron claro desde, al menos, 1965: después de Franco, ninguna democracia sin presencia comunista. De dónde procedía aquella reciedumbre, aquella fe en el futuro, no es hoy fácil de entender, pero una cosa es cierta: sin los comunistas no se puede explicar la imparable erosión de la dictadura ni su crisis final. Y no solo porque siempre estuvieron ahí, en la lucha, sino porque su estar ahí fue un revulsivo para otros sectores menos dispuestos a jugarse el tipo, la amplia oposición alegal, que diría Linz, pero no clandestina ni perseguida, aunque en algunas ocasiones multada, que comenzó a manifestarse en Cuadernos para el diálogo y en Serra d’Or, en Triunfo y en Destino.

Muerto Franco, ¿se iban a quedar fuera por imposición militar? Era lo que se les recomendaba

Y ahora, muerto Franco, ¿se iban a quedar fuera por imposición militar? Bueno, eso era lo que todo el mundo les recomendaba, que tuvieran paciencia, que esperaran unos años, que los obstáculos para su legalización eran formidables, que cualquier prisa daría al traste con todo. Ningún embajador, salvo el francés, sugirió que mejor legalizarlos aunque solo fuera para poder así contarlos; ningún otro partido de oposición —tampoco los socialistas— hizo de su legalización una condición sine qua non para concurrir a las elecciones. Del Rey abajo, todos les pidieron calma, quizá dos o tres años, cuando las primeras Cortes elegidas por sufragio universal se consolidaran y lo aprobaran. Mientras tanto, mejor sería que acudieran a esas elecciones como independientes, o con otro nombre, como fue el caso con los republicanos.

Santiago Carrillo, que, por efecto de la ley enunciada por Rosa Luxemburg, era el Partido, dijo que no; que como en Italia. Se lo dijo a Adolfo Suárez cuando se encontraron por vez primera, convencido de que la presencia legal del Partido bajo su propio nombre, con la aureola de los perseguidos que al fin pueden proclamar, cubiertos de cicatrices pero con la fe y el entusiasmo intactos: aquí estamos, le aseguraba un futuro como al partido italiano: crecimiento fulgurante en militancia, votos y poder institucional. Suárez, que aún carecía de gloria y aureola, no insistió; que sea, pues, como en Italia, promoviéndose él mismo para desempeñar aquí el papel que allí asumió la democracia cristiana.

No insistió Suárez porque, además de mostrar a los militares en una cuestión central de la política grande, o sea, del Estado, los límites de su derecho de veto, y de asegurarse de paso una permanente división a su izquierda entre comunistas y socialistas, legalizar al PCE lo legitimaba a él, lo convertía en el demócrata que dijo ser cuando se presentó como cabeza de lista para las inminentes elecciones: señoras y señores: he legalizado al Partido Comunista; por realismo y por patriotismo y, sí, porque soy un demócrata.

Luego vino la decepción. El lugar de Togliatti en Roma lo ocupó en Madrid un tal González

Manuel Fraga, sin embargo, bramó contra aquel golpe de Estado; el general de Santiago, fuera de juego, dijo que él habría sacado los tanques a la calle, y el Consejo Superior del Ejército, tras un arrebato de ruido y furia, expresó su repulsa aunque acabó doblando la cerviz siempre que no se tocara la bandera ni la unidad de España. El Gobierno aguantó y los comunistas salieron a la calle con la sonrisa en los labios, tocando, no la bandera, sino las bocinas de sus Seat 600, que aquella tarde/noche de Sábado Santo sonaron a campanadas anunciando aquí paz y después gloria.

Pero lo que vino después fue la decepción. España no era Italia: el lugar de Togliatti en Roma lo ocupó en Madrid un tal González. Para emprender la política típica del ala izquierda de la socialdemocracia —partido revolucionario que no hace la revolución, como sentenció famosamente Karl Kautsky—, mejor lo nuevo que lo viejo, mejor el que prometía un futuro, que quien venía cargado de pasado. Y la gente votó a Felipe, cuello abierto sobre paisaje naif, mejor que a Santiago, chaqueta oscura y corbata, o Dolores, luto riguroso. Los comunistas, recios, disciplinados en la clandestinidad, comenzaron a escindirse, en una orgía de agravios y expulsiones, hasta que el orgullo de su nombre quedó sepultado bajo etiquetas ajenas: Izquierda Unida; y ahí sigue: Unidos Podemos. Tantas penalidades hasta presentarse como lo que eran, comunistas, para luego, a la vuelta de la esquina, convertirse en mero adjetivo de otra cosa. Qué desperdicio.

Santos Juliá es historiador.

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