Jaque a las pensiones

No puede ocultarse por más tiempo que el sistema de pensiones públicas está atravesando por un momento de especial dificultad que bien puede calificarse de crisis. Las causas están claras: los costes derivados de las jubilaciones aumentan a mucho mayor ritmo que los ingresos del sistema; de hecho, es la partida de ingresos la que hace agua por todas partes, debido a la caída y precarización del empleo y la tendencia a la infracotización del trabajo impuesta irresponsablemente desde 2012. Las aireadas reformas del sistema aprobadas por el PP son iniciativas fracasadas y altisonantes, como demuestra el hecho de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social tenga fecha de caducidad, por agotamiento de los fondos, en diciembre de 2017 en el mejor de los casos. Es el momento adecuado para que desde el Gobierno y los agentes sociales se afiance la supervivencia financiera de las pensiones a medio plazo.

El Pacto de Toledo ha comenzado a reunirse acuciado por la urgencia de la situación, después de que quienes advirtieron que las reformas del PP eran papel mojado fueran tachados de alarmistas o cosas peores. Bien está que el debate comience en las instituciones pertinentes; pero es necesario advertir que esta vez no se trata de poner parches demagógicos, que no aguantarán durante mucho tiempo, sino de proponer soluciones financieras estables y, por lo tanto, difíciles de aplicar, con el objetivo prioritario de respetar la cuantía actual de las pensiones. Se trata pues de explorar en profundidad todas las fórmulas para acrecentar los ingresos del sistema, analizar si es posible recurrir a impuestos y, solo en último extremo, recortar si fuera necesario algunas cuantías o modalidades. Insistamos, en último extremo.

El Pacto de Toledo debería estar en condiciones de analizar a fondo los costes y los beneficios de las llamadas tarifas planas de cotización, aprobadas so pretexto de la creación de empleo pero que poco han contribuido al fin propuesto. Las bonificaciones, explícitas y encubiertas, deben ser revisadas con detalle y suprimidas sin contemplaciones. Además, es urgente sondear la posibilidad de elevar las cotizaciones a quienes, por haber alcanzado el tope máximo, ya no pagan más aunque sus ingresos se disparen; y la hipótesis, que ronda en la cabeza de muchos expertos: imponer un impuesto transitorio del 1% sobre algunos segmentos de renta. Se trata de que el sistema consiga unos 10.000 millones anuales mediante ajustes internos con el objetivo de recuperar, a corto y medio plazo, el equilibrio financiero. Y, al mismo tiempo, calcular si es posible incorporar algún régimen no contributivo al Presupuesto.

Todas estas preguntas, y otras más técnicas, deben tener respuesta con rapidez y con su correspondiente memoria económica. Si existe el compromiso de que haya una propuesta en primavera, hay que cumplirlo y aun adelantarlo. Porque el equilibrio a corto plazo, deseable e imprescindible para garantizar la supervivencia del sistema, resuelve el primer impacto de la crisis. A continuación, habrá que afrontar el problema a largo plazo de las pensiones, que opera como un movimiento imparable e ineludible: la distancia cada vez mayor entre el momento de la percepción y la edad de fallecimiento.