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Este verano he participado en un curso de la UIMP dedicado al futuro de la Unión Europea (UE). El hilo conductor era el interrogante sobre el significado actual del proyecto europeo, así como sobre la posibilidad de construir una nueva narrativa del mismo, capaz de volver a ilusionar a los europeos, y en particular a las generaciones más jóvenes.

Es evidente que hay una creciente identificación de la UE con lo peor del actual modelo de globalización: esa de los mercados, que ha acentuado las desigualdades y la precariedad, y que ha ignorado la urgencia de un nuevo paradigma económico, compatible con la necesaria equidad y con los imprescindibles equilibrios ecológicos que garantizan la vida, la salud y el progreso humano.

Mi opinión al respecto es rotunda: la UE solo avanzara hacia una mayor integración si los ciudadanos europeos perciben las políticas y las instituciones comunitarias lo suficientemente ambiciosas y eficientes como para contribuir a una profunda transformación de la gobernanza internacional; solo si la UE recupera sus ideales iniciales —la paz, la democracia, la prosperidad y los derechos humanos—, como vectores de esa transformación hacia una verdadera globalización de la Política (con mayúscula: aquella capaz de gobernar a los mercados, en beneficio del interés general)...

Y en ese contexto, hay que lamentar el liderazgo menguante de la UE ante el desafío del cambio climático.

El calentamiento global es una de las consecuencias más nefastas del paradigma económico dominante, que comporta una evidente injusticia para los países más desfavorecidos, víctimas de los peores efectos del cambio climático, a pesar de no haber prácticamente contribuido al mismo.

España es uno de los lastres para la reducción de emisiones contaminantes en Europa

La UE ha jugado en el pasado un papel determinante en el impulso a los compromisos internacionales en esta materia: la UE, en su conjunto, redujo en un 17% sus emisiones de CO₂ entre 1990 y 2012, muy por encima de la reducción de un 8% establecida en el protocolo de Kioto. Y pudo hacerlo porque también ha sido, hasta fecha reciente, el espacio de mayor desarrollo de las energías renovables. Hoy, por el contrario, son los países emergentes —y en particular China— quienes encabezan la inversión en estas tecnologías.

Con el Acuerdo de París, alcanzado el pasado diciembre, se ha abierto una nueva etapa en la gobernanza internacional del cambio climático: por primera vez todos los países se han comprometido a contribuir a frenar el calentamiento global, de forma que durante este siglo la temperatura media del planeta no aumente por encima de los 2 grados —y a ser posible, ese aumento no supere 1,5 grados—. Pero la suma de todas las contribuciones anunciadas hasta la fecha supondría un aumento de casi cuatro grados; y por ello, el Acuerdo de París exige que todos los países se planteen, desde ahora, objetivos más ambiciosos, y que se revisen los correspondientes resultados cada cinco años.

La UE —que en el protocolo de Kioto aceptó comprometerse con mayores reducciones de emisiones que el resto de los países desarrollados—, en esta ocasión ha decidido mantener el objetivo que ya tenía establecido para 2020 —una reducción del 20% respecto de 1990—, a pesar de que ya ha alcanzado prácticamente ese nivel, con cuatro años de adelanto, y hubiera podido, por lo tanto, asumir, con toda viabilidad, una mayor reducción. Igualmente, la UE ha mantenido el objetivo para 2030 —una reducción del 40%—, objetivo ya adoptado en 2014, en un contexto muy diferente del actual: tanto por la evidencia científica de la aceleración de los efectos del cambio climático, como por la asunción de compromisos por parte de los grandes emisores no europeos, inconcebible hasta fecha muy reciente.

Ese liderazgo menguante de la UE se ha puesto de manifiesto el pasado fin de semana, al anunciar China y Estados Unidos sus respectivas ratificaciones del Acuerdo de París, en la vigilia de la cumbre del G20. El retraso en la ratificación del Acuerdo por parte de la UE se debe, formalmente, a cuestiones de procedimiento —los 28 Estados miembros tienen que ratificar dicho Acuerdo en sus parlamentos—; pero la causa real es una insuficiente voluntad política, teniendo en cuenta el tiempo ya transcurrido desde la celebración de la COP 21. De hecho, Francia lo ratificó el pasado mes de junio, sin esperar al resto de los países de la UE, una vez que todos ellos, y la propia UE, habían firmado ya su adhesión al mismo.

El retraso en la ratificación del Acuerdo por parte de la UE se debe realmente a una insuficiente voluntad política

Por supuesto, la ratificación de un Tratado internacional como el Acuerdo de París —que no comporta sanciones en caso de incumplimiento— puede convertirse en papel mojado si los gobiernos no tienen voluntad real de aplicarlos. Pero en este caso, al conjunto de los países de la UE les interesaría, y mucho, no quedarse atrás en su cumplimiento, una vez que China y Estados Unidos lo han ratificado: entre los dos países suman ya más del 40% de las emisiones globales, lo que acelera el proceso de su entrada en vigor, para lo que se requiere la ratificación de un número de países que supongan el 55% de las emisiones. Si la UE se quedase fuera del núcleo inicial de la gobernanza del Acuerdo de París, no podría participar en las primeras decisiones (fiscales, financieras, sobre I+D+i...), determinantes para su desarrollo, que en estos momentos suscitan el máximo interés por parte de los inversores de todo el mundo.

Y sin embargo, para la UE la transición energética hacia una economía baja en carbono constituye uno de sus mayores potenciales. En primer lugar, en términos de autonomía y de seguridad de abastecimiento: la UE importa el 80% del petróleo, el 100% del uranio y el 60% del gas que consume, y seis de sus Estados miembros dependen de un único país suministrador de gas. Y todo avance de la UE en materia de ahorro y eficiencia energética, así como en energías renovables —es decir, en políticas para la reducción de la emisión de CO₂—, tanto dentro de sus fronteras como cooperando con terceros países, supondría un poderoso impulso a esa deseable integración, hoy en peligro.

Las herramientas tampoco le faltan a la UE: la creación de una Unión Europea de la Energía, asociando las políticas de la energía y del clima, es una de las prioridades de la Comisión Juncker. Entre sus objetivos destaca un incremento significativo de las interconexiones intraeuropeas de la electricidad, para optimizar el uso de la energía eólica y solar; y para ello se han establecido ya mecanismos específicos de financiación. Por cierto, una de las consecuencias del Brexit podría ser la pérdida de estos fondos para conectar la capacidad de generación eólica del Reino Unido con el continente, lo que explica la paralización en ese país de los nuevos planes de Siemens: un efecto negativo a ambos lados del Canal de la Mancha.

A la UE no le faltan, por tanto, ni experiencia, ni recursos, ni capacidad, para convertirse —como auspicia la propia Unión Europea de la Energía— en el " líder de la nueva generación de las energías renovables", y en un actor global determinante en la lucha contra el cambio climático. Lo que falta es ambición política, visión de futuro.

España es, por desgracia, uno de los países que más lastran, en este momento, la construcción de ese relato alternativo, invocado al principio de este artículo: en 2014 y 2015 han vuelto a crecer sus emisiones de CO₂, que comenzaron a reducirse en 2005, mucho antes del estallido de la crisis económica, —como resultado de la creciente utilización de las energías renovables—. Esta lamentable evolución, opuesta a la de la mayoría de los países de la UE, se debe a la drástica paralización desde 2011 en el desarrollo de las energías renovables —más de 80.000 puestos de trabajo destruidos en ese sector—, así como al apoyo gubernamental al uso del carbón —España ha sido el país del mundo donde más aumentó, en términos relativos, su consumo en 2015—, resultado de una política que pretende justificarse con razones sociales perfectamente atendibles de forma diferente.

Cristina Narbona es exministra de Medio Ambiente y miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible.