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Gita November, una prostituta transexual de 43 años que lleva ejerciendo desde los 25, cuenta que es frecuente que los clientes no le paguen. “Como saben que nuestro trabajo es ilegal y no podemos denunciar si nos ocurre algo así, simplemente algunos deciden irse sin darnos nuestro dinero”, explica. Mejor no cobrar que acudir a la policía. “Una vez tuve que ir a la comisaría por asuntos personales y los agentes me reconocieron de la calle. Sin mediar más explicaciones me dieron una paliza y no atendieron mi caso”, explica.

Un estudio presentado este martes en Congreso Internacional de Sida que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) muestra que prácticamente todas las prostitutas sudafricanas han sufrido algún tipo de violencia policial. “Tu cliente te viola, vas a la policía e incluso ellos abusan física y emocionalmente de ti. Como uno que me dijo que le enseñase mi vagina para comprobar que estaba dañada y que así pudiera ayudarme. Cuando se la mostré comenzó a violarme. Ni siquiera me atrevo a contarlo porque sé que se van a reír de mí”, narra una trabajadora sexual que prefiere no desvelar su identidad.

Si casos como los anteriores son frecuentes, es en buena medida porque la prostitución es un delito en el país, según denuncian las organizaciones en favor de los derechos de los trabajadores sexuales. La evidencia les respalda. Varios estudios muestran que la criminalización de la prostitución es la mejor forma de fomentar los abusos y la propagación de enfermedades sexuales. Entre ellos, una serie publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet en 2014. Según estas investigaciones, la descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%. Una de las razones es que la tenencia de condones es una de las pruebas que suelen usar los agentes de los países que criminalizan la prostitución para arrestar a quienes la practican, así que un tercio de ellas decide no llevarlos consigo. En Australia, por ejemplo, donde en algunas regiones es legal y en otras no, se ha mostrado que en las primeras hay tasas mucho más bajas de infección.

“Cuando el trabajo sexual no es delito quienes lo practican están empoderados para insistir en el uso del preservativo por parte de los clientes y tienen mejor acceso a las pruebas y los tratamientos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, asegura el documento 10 razones para no criminalizar el trabajo sexual, de la Open Society.

El ejemplo en Sudáfrica es flagrante. Sus meretrices presentan la prevalencia de VIH más altas que prácticamente cualquier otro colectivo del mundo. Un estudio publicado en 2014 sobre su salud mostraba tasas del 71% en Johannesburgo, de un 40% en Ciudad del Cabo y de un 53,5% en Durban. Para dar una idea de la magnitud del problema, entre los trabajadores sexuales de todo el mundo se calcula que un 11,8% de las mujeres es seropositiva, un 14% de los hombres, y un 27,3% de las transexuales. Eso sí, para contextualizar este dato también hay que tener en cuenta que la tasa de VIH en el planeta es de un 0,8% frente al 13% de Sudáfrica.

Varias organizaciones trabajan en paralelo para presionar al Gobierno a que cambie las leyes y, mientras esto no sucede, a asesorar a las prostitutas para minimizar el abuso y proporcionarle el mayor acceso posible a la información, asistencia legal y sanitaria. En el Equipo de Trabajo para el Apoyo y la Educación de los Trabajadores Sexuales (Sweat, por sus siglas en inglés), donde las prostitutas hacían terapia de grupo, no paran de reivindicar el trabajo sexual como “uno más”. Tienen habilitada una línea de teléfono las 24 horas para que las 153.000 prostitutas que estiman que trabajan en el país puedan llamar en cualquier momento si tienen problemas legales, médicos o de otro tipo.

La descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%

Ishtar Lakhani, directora de Sensibilización y Derechos Humanos de Sweat, explica que la mayoría de las veces que las prostitutas son arrestadas no lo hacen acusadas de incumplir el artículo 23 de la Ley de Ofensas Sexuales, que desde 1953 penaliza la prostitución —por la que solo han sido condenadas 253 personas en los últimos tres años—, sino por otras ordenanzas municipales menores, como tirar desperdicios a la calle. “Los policías se aprovechan de que muchas veces no conocen sus derechos para maltratarlas y abusar de ellas”, explica. Han tratado de sensibilizar a los agentes mediante diferentes cursos, pero existen varios problemas. “Primero, están hartos de recibir formaciones de todo tipo y no son muy receptivos. Y segundo, es un poco ridículo ir a enseñarles que no deben violar y pegar a las prostitutas. ¡Claro que no deben hacerlo, como a ninguna otra persona!”, se indigna Lakhani, que ha atendido casos escalofriantes: “Hay una agente de un barrio, mujer [enfatiza], que en numerosas ocasiones ha obligado a las prostitutas a tragarse condones usados”.

Su organización, junto con Centro Legal para Mujeres (WLC, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa de asistentes paralegales: forman a personas que se prostituyen para que ellas mismas puedan dar el asesoramiento básico a sus colegas. Esto les permite acercarse a ellos con más naturalidad y que su mensaje cale.

Son ellos los que le informan de la existencia de organizaciones como Sweat o WLC y de los programas que realizan. Hace unos meses se puso en marcha uno para para apoyar a las madres. Duduzile Dlamin, que lidera este grupo, explica que la relación con los hijos es uno de los mayores miedos que afrontan las trabajadoras sexuales. “Cuando se enteran de su trabajo comienzan a odiarlas porque son estigmatizados. Esto incluso lleva en ocasiones a que abandonen a sus propios críos. Trabajamos para que las madres puedan hablar con los hijos sin ser criminalizadas”, relata. Para eso, insiste, tienen que cambiar las leyes. “Sudáfrica necesita modificar su aproximación al trabajo sexual y que sea regido por las misma legislación que cualquier otro empleo”, reclama.

Pero esto no tiene visos de ser una realidad pronto. Desde hace años, la Comisión de Reformas Legales de Sudáfrica está estudiando recomendaciones al Gobierno. Según anunció el lunes John Jeffery, vicemistro de Justicia, ya está concluido y, aunque no es público, adelantó que sus tesis no se inclinan hacia una descriminalización de la prostitución. “Es un debate complicado, el Gobierno va a estudiar este informe. Pero hay que tener en cuenta que este es un país conservador y religioso. Si hiciéramos un referéndum probablemente la mayoría de la población votaría por que siguiera siendo delito”, explicó en un foro de la Conferencia Internacional de Sida de Durban. Su presidente, Chris Beyrer, insiste en que desde el punto de vista científico no hay discusión: “No entramos en cómo los Gobiernos tienen que legislar específicamente o qué tipo de regulación han de hacer, pero la criminalización es la peor de las soluciones, como nos muestra la evidencia".

Una de las patas básicas para terminar con la epidemia de sida de aquí a 2030, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es frenar su avance en los grupos más vulnerables, como son trabajadores sexuales, hombres gays, transexuales, prisioneros y drogadictos. “Ellos suman un 30% de las nuevas infecciones. Si no acabamos con el estigma y la criminalización de estos grupos no terminaremos con el sida”, zanja Beyrer.