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“Guatemala está al servicio de las empresas privadas”

El activista denuncia el alto coste de la irrupción de multinacionales para las zonas más pobres del país

El activista Julio González en el río Cahabón de Guatemala. Ampliar foto
El activista Julio González en el río Cahabón de Guatemala.

La llegada de empresas multinacionales a Guatemala, asegura el activista ecológico Julio González, ha tenido como consecuencia un incremento de la pobreza en el país a lo largo de los últimos años. El miembro del colectivo Madre Selva, sin embargo, rechaza la idea de que el desarrollo sea para unos poco y achaca la culpa de esta situación al modelo económico imperante, que prima al sector extractivo.

“El modelo económico que nos han impuesto es la principal causa de toda la conflictividad actual”, explica. “Lo que pretendemos es un desarrollo sostenible. La gente quiere vivir y eso se traduce en tener alimentos suficientes, agua con la calidad y la abundancia necesaria, el no acaparamiento de los recursos. A las poblaciones locales les duele que la irrupción de una gran compañía destruya una montaña, un cerro sagrado, un lugar de culto, y que encima los recursos no les aporten ningún beneficio”.

González (1953) trabaja con el colectivo Madre Selva desde hace más de ocho años, tras dedicarse a la cooperación internacional en el área rural. Durante sus estudios en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos, fue presidente de la asociación de estudiantes, una tarea complicada en un período turbulento como fue el principio de los ochenta en Guatemala. La militancia le costó caro y la persecución hacia los que levantaban sus voces le llevó a emigrar a México, donde permaneció hasta la firma en 1996 de los acuerdos de paz en su país, que pusieron fin a casi cuatro décadas de enfrentamiento armado interno.

Hay seguridad para las empresas, pero no para la gente

Su trabajo con Madre Selva, centrado en acompañamiento a comunidades, identificación de casos de conflicto y búsqueda de soluciones, también le ha causado algún que otro dolor de cabeza. “Nosotros también empezamos a recibir amenazas. El Gobierno debería proteger a los defensores de derechos, pero sus políticas han significado persecución, estigmatización y represión”, asegura. Esta situación, según él, empeoró a partir del año 2000, cuando la economía del país pasó de ser agroexportadora a centrarse en el sector extractivo y a la producción de energía, actividades que llevaron a abusos sobre el territorio y a un mal manejo del agua.

El colectivo ecologista tiene identificados aproximadamente 1.200 conflictos vinculados con empresas que supuestamente están vulnerando derechos humanos de las comunidades donde planean desarrollar actividades. “Violan todas las normativas ambientales y se niegan a escuchar las demandas de las poblaciones, imponiendo sus proyectos a sangre y fuego”, sostiene González, quien denuncia casos de acoso y violencia, incluso de asesinatos, hacia activistas.

“Los gobiernos establecen acuerdos económicos que ponen en grave riesgo el futuro de la población de nuestro país, uno de los 10 más vulnerables del mundo. Se pone en peligro la disponibilidad de los recursos hídricos, hay una explotación irracional del suelo, que cada vez destina menos espacio a la producción de alimentos. Se está promoviendo el conflicto social y se limita el derecho a vivir con dignidad”, afirma.

El colectivo ecologista tiene identificados aproximadamente 1.200 conflictos vinculados con empresas

“En los últimos 16 años, ha aumentado la cantidad de pobres y extremadamente pobres. ¿Qué mejor calificación para un modelo fallido de que no está beneficiando a nadie?”, insiste. “Las ganancias de la extracción se van para fuera. La industria minera en Guatemala en tres meses genera beneficios por 73 millones de dólares en producto, de los cuales apenas cinco permanecen en el país. “Estas empresas están exentas de impuestos y están contribuyendo a una situación insostenible en el campo, porque no crean trabajo para los locales”.

Para el activista, “el estado de derecho en Guatemala está al servicio de las empresas privadas”, como ha demostrado el reciente estallido de distintos casos de corrupción que han salpicado las más altas esferas de gobierno, poniendo de manifiesto la existencias de una red de sobornos millonarios para conceder licencias de explotación a multinacionales. “Hay seguridad para las empresas, pero no para la gente”, recalca.

González pone como ejemplo el caso del complejo hidroeléctrico Renace, situado en la cuenca del río Cahabón (en el departamento de Alta Verapaz), que está impactando en los derechos humanos de 29.0000 indígenas quekchí que viven en esta zona, con graves repercusiones para el medio ambiente. El proyecto, propiedad del grupo guatemalteco Corporación Multi-Inversiones (CMI), que ha subcontratado para la realización de las obras a la empresa española Grupo Cobra (ACS), se extiende a lo largo de unos 30 kilómetros del Cahabón. Una investigación realizada por la ONG Alianza por la Solidaridad ha registrado una pérdida del 90% del caudal del río, hasta el punto de dejarlo prácticamente sin agua en época seca.

Los gobiernos establecen acuerdos económicos que ponen en grave riesgo el futuro de la población de nuestro país

Madre Selva exige al Gobierno guatemalteco que respete el derecho de las comunidades locales a ser consultadas. Los activistas piden, además, que los impactos de estos proyectos se midan con transparencia y fiabilidad y, sobre todo, que las empresas paguen impuestos de acuerdo a sus ganancias. “Estas firmas llegan con engaños, construyen iglesias o escuelas, pintan centros de salud o regalan una mochila a los lugareños. Estos son ni siquiera paliativos, son limosnas”, se queja González. La semana pasada, el representante del colectivo llevó este caso a Bruselas para pedir al Parlamento Europeo un mayor compromiso de las empresas con la responsabilidad social corporativa.

El activista califica de positivo el incremento de la presión de la sociedad civil y de las movilizaciones sociales del último año, así como el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, aunque reconoce que aún queda mucho por camino por recorrer. Cuando se le pregunta qué le empuja a seguir siendo activista, ríe. “Somos personas que no podemos ver injusticias. Si algo nos mueve, no es el interés económico. De hecho, nos mantenemos en la línea de pobreza”, bromea. “Pero tenemos una enorme riqueza en lo que se refiere a solidaridad, a hermanamiento con la gente, a crecimiento de tipo espiritual. Hay comunidades que han sido históricamente pobres y que mantienen una riqueza cultural que el mundo no comprende. Hay en todos ellos una relación de respeto hacia la naturaleza, una veneración por el agua que para ellos significa vida. Nos enseñan que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra”.

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