Más garantías

Una de las consecuencias más explicitas de la crisis económica reciente es la caída del comercio internacional. Este crece a ritmos inferiores al amenazado PIB global. Esa introspección en las transacciones reales, visible también en la actividad financiera internacional, no es precisamente un buen augurio. Las tentaciones proteccionistas emergen cuando el entorno global se complica. Y el proteccionismo es un obstáculo a la prosperidad y un mal presagio para la estabilidad política general.

Ampliar las oportunidades y la reducción de barreras al comercio, a la libre circulación de las personas, es una condición necesaria para alcanzar ritmos superiores de crecimiento económico. Pero esas garantías a la ampliación de los espacios económicos deben contar con reglas bien definidas. Y entre estas, la protección a los derechos de los consumidores y el juego limpio entre las empresas tienen que ser básicas.

Desde este punto de partida hay que contemplar el alcance del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por sus siglas en inglés) lanzado hace dos años y medio por EE UU y la UE. Se pretende intensificar las relaciones entre los dos bloques económicos más importantes, y actuar de prescriptores para el resto del mundo. El propósito general es razonable: la intensificación de las relaciones comerciales y financieras depararía mayores posibilidades de aumento del bienestar de los ciudadanos, fundamentalmente a través de mayor número de empleos. Pero ni el excesivo apagón con el que se están llevando a cabo las negociaciones ni las presiones de grupos de interés para reducir las garantías de los intercambios apuntan en la dirección correcta.

La documentación ahora conocida avala algunos de los temores advertidos desde un primer momento: las intenciones de reducir los niveles de la regulación europea en aspectos esenciales de ese tratado. El poder de los lobbies a uno y otro lado del Atlántico pretende homologar al mínimo el grado de reglamentación y protección de los consumidores, con el riesgo de dotar a las empresas de una permisividad excesiva en las exigencias de salubridad en la producción de sus bienes o en el necesario cuidado del medio ambiente, alterando el propio proceso de legislación de las instituciones europeas.

El empeño de Washington, al parecer asumido por la canciller Merkel con ocasión de la reciente visita del presidente Obama a Europa, de cerrar las negociaciones antes de fin de este año podría conducir a un mal acuerdo. Con una extensión en Europa de los vientos proteccionistas procedentes tanto de formaciones políticas de izquierda como de la derecha mas extrema, las probabilidades de dañar aún más el clima social son grandes.

En aras de salvar la iniciativa, harían bien las autoridades europeas en eliminar la opacidad hasta ahora dominante y defender aquellas estipulaciones que, siendo compatibles con el propósito de intensificar el comercio y la inversión, no menoscaben derechos básicos de los consumidores. De lo contrario, el espectro del proteccionismo se incorporará al peor ambiente europeo desde el nacimiento de sus instituciones.