El sistema de trasplantes supera una nueva prueba

El sistema nacional de trasplantes de España ha sido objeto de un fraude por el que al menos seis enfermos búlgaros no residentes en España han tenido acceso a un trasplante de riñón. Se trata de una mala-buena noticia. La mala noticia es que la intromisión fraudulenta de estos pacientes ha restado oportunidades y retrasado el trasplante de enfermos españoles que también lo necesitaban. La buena es que, incluso en estas condiciones, se ha podido demostrar que el sistema de trasplantes funciona de acuerdo con estrictos criterios médicos. El fraude, por el que hay 20 personas imputadas, no ha erosionado lo más mínimo lo que constituye el principal valor del sistema español de trasplantes: un capital ético basado en la garantía absoluta de equidad, que descarta cualquier posibilidad de comercio para conseguir un órgano o de amaño para progresar en las listas de espera.

Si España ha logrado ser el país con mayor índice de donaciones es porque nunca ha habido la más mínima duda de que no cabe pago o influencia alguna para saltarse la lista de espera. La equidad es uno de esos intangibles que ofrece grandes réditos sociales precisamente porque forma parte, en palabras del especialista norteamericano en bioética Michael Sandel, de “lo que el dinero no puede comprar”.

El fraude consistía en simular los requisitos necesarios para conseguir una tarjeta sanitaria. Siete empresas ficticias facilitaron contratos falsos a algunos enfermos y otros se dieron de alta en el régimen de autónomos de la Seguridad Social. Una vez lograban acceder al sistema sanitario eran tratados, obviamente, como cualquier otro enfermo: entraban en el programa de diálisis y se les incluía en la lista de espera de trasplante. Los 4.500 enfermos españoles que están pendientes de un trasplante renal pueden pensar con razón que la inclusión de estos extranjeros les ha privado de oportunidades. De los 4.769 trasplantes realizados el año pasado, 2.905 fueron renales. Eso significa que hay menos órganos que enfermos que los necesitan. Pero hay que tener cuidado con extender la sospecha hacia cualquier extranjero que esté en lista de espera. De hecho, el 8% de los donantes y un porcentaje equivalente de los receptores de un trasplante son extranjeros que tienen pleno derecho a ello. Esas cifras son acordes con la realidad demográfica del país.

Sobrecoge pensar que hay enfermos como los que han recurrido a esta artimaña que no tienen posibilidades de sobrevivir porque el sistema sanitario de sus países no les ofrece la posibilidad de un trasplante y a veces ni siquiera de diálisis. El sistema sanitario ha de atender a quienes viven en España, sea cual sea su situación administrativa, pero no puede asumir a todos los enfermos que podrían venir para ser tratados. Pondría en juego su propia supervivencia. Aunque duele comprobar que la sanitaria es la más sangrante de las inequidades que hay en el mundo, no podemos asumir más obligaciones que las propias. Y hemos de combatir el fraude, no porque implique a extranjeros, sino porque es un fraude.