Contra la corrupción, ciudadanía

Los estudios y la experiencia demuestran que, cuando una sociedad alcanza elevados niveles de corrupción, fraude y clientelismo, se expande una sombra de cinismo y desprecio por la legalidad que hace imposible el desarrollo y el buen funcionamiento de las instituciones. La creencia en la deshonestidad de los demás incentiva el egoísmo y la desconfianza propios, justificando la comisión de actos fraudulentos e ilícitos en el conjunto de la comunidad. Roto el tejido social, recomponerlo se convierte en una labor tan difícil como construir un barco en plena mar.

Justo era temer que la degradación moral que parecía darse entre amplios sectores de nuestras élites políticas y económicas arrastrara a importantes capas de funcionarios, empresarios y trabajadores. Pero no ha sido así. Miles y miles de funcionarios han continuado trabajando seria y rigurosamente, dando sus clases, atendiendo a sus pacientes, combatiendo el crimen, más aún, han salido a la calle a defender los servicios públicos, han hecho horas extra para ayudar a sus alumnos sin recursos, a los inmigrantes sin papeles, a las familias sin techo. Y, sobre todo, millones de españoles se han hartado de las injusticias flagrantes y de los abusos de poder, han firmado manifiestos, se han afiliado a partidos para luchar desde dentro del sistema político contra una estructura que se alejaba de la representación de sus intereses. En España la sociedad civil se ha reinventado. Atrás queda el viejo modelo del asociacionismo vinculado al presupuesto público. Hoy los ciudadanos nos organizamos desde la indignación o desde la esperanza, con visión política o tras una causa concreta, pero sin dejarnos capturar por los intereses gubernamentales.

Como modestos miembros de esa sociedad civil, tenemos que felicitarnos por el arranque de la actividad en el Congreso, en cuya primera sesión se aprobó de forma casi unánime, la creación de una comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales promovida por Podemos, PSOE, IU y Compromis. Sus señorías se mandatan a traducir en propuestas normativas buena parte de las reivindicaciones que la sociedad viene expresando, como malestar con el funcionamiento de nuestra democracia. Transparencia institucional, imparcialidad e independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores, mejora en la representación política y en la democracia interna de los partidos, revisión pormenorizada de la legislación anticorrupción estudiando la constitución de un organismo con competencias en el ámbito de la prevención, o una nueva actualización del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses entre nuestros cargos públicos y funcionarios y su posterior actividad privada, son algunos de compromisos, fuertemente exigidos por la sociedad civil, que hoy son mandato parlamentario.

Días atrás organizaciones como Transparencia Internacional, Hay Derecho y +Democracia habían exigido a los grupos parlamentarios valentía a la hora de afrontar, desde el mismo inicio de la Legislatura, en el propio debate de investidura compromisos concretos en estos temas. En las propias mesas de negociación para un acuerdo de legislatura que permitiera la formación de Gobierno, muchas de estas medidas han sido objeto de amplio debate, y nos congratula ver cómo el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos contempla muchas de ellas.

En la primera sesión del nuevo Congreso se aprobó una comisión para la auditoría de la calidad democrática

La crisis económica y su gestión, sus consecuencia sociales, pero también políticas, nos enfrentan a exigencias nuevas. Nos hemos dado cuenta de que la nuestra es una democracia con una calidad muy mejorable, pero nadie, a diferencia de muchos de los países de nuestro entorno, duda de que la democracia sea la solución.

Los partidos deben cambiar, las instituciones deben rendir cuentas, la corrupción hay que prevenirla, hacerla más difícil, casi inviable y condenarla con más rapidez cuando se identifica. Los parlamentarios deben trabajar en medidas concretas, las organizaciones de la sociedad civil deben desconfiar y presionar, y sería bueno que las organizaciones empresariales y los sindicatos abandonen el cómodo discurso general y empiecen a cambiar también. Las organizaciones empresariales no pueden mirar para otro lado. El corazón mismo de la crisis fue económico y empresarial, no hay político corrupto sin empresario corruptor. Los sindicatos están tan en el centro de la crisis de desafección política como los partidos políticos y nos han fallado de la misma manera.

La policía, los fiscales y los jueces han entendido bien su misión. Han aprendido a combatir la corrupción y el fraude, no siempre con el apoyo o las leyes necesarias, pero siendo conscientes de la inmensa presión social que recaía sobre ellos. Con la creación de la Comisión, las Cortes dan muestra de entender que las siguientes legislaturas no lo serán al uso y que deben responder sobre temas complejos, que requieren de más capacidad de consenso que de mando.

Si queremos que esto funcione, a los políticos exijámosle lo suyo, leyes eficaces basadas en el consenso y Administraciones que rindan cuentas. Además, a nosotros exijámonos también lo nuestro. No hay democracia sin ciudadanía. No lo harán bien los parlamentarios sin presión, sin exigencia social, siempre difícil y contradictoria, utópica en unos casos, interesada en otros. Nuestra democracia sigue reclamando liderazgo al tiempo que espera menos de los líderes, signo de madurez que debe ir acompañado de más exigencia a todos, y también de mayor implicación de todos.

Bienvenida la primera Comisión parlamentaria sobre la calidad de nuestra democracia. Ahora falta todo lo demás.

Manuel Villoria es el director del Observatorio de Buena Gobernanza de la Universidad Rey Juan Carlos.

Firman también este artículo Reyes Montiel, Javier Cremades, Emilia Sánchez, José Antonio Gómez-Yánez y Francisco Polo, en nombre de la asociación +Democracia.