La dispersión fiscal favorece la ‘fuga de empresas’

No es posible medir la realidad con total exactitud; es algo que los economistas y estadísticos deberían aprender de la teoría cuántica. Pongamos por caso la presunta fuga de empresas de la Cataluña azotada por el castigo del prusés o desconexión (en España siempre hemos sido pródigos en eufemismos). Según algunas consultoras (Axesor), durante el mandato de Artur Mas (entre 2011 y hasta mediados de 2015), pontífice máximo de la secesión, habrían abandonado Cataluña unas 3.800 empresas, y se habrían instalado una 2.500. La fuga de empresas sería pues de unas 1.300, de variado tamaño e importancia. La Generalitat rechaza esas cuentas por razones diversas, algunas de las cuales son lógicas. Por ejemplo, no es lo mismo una deslocalización que una fuga. Ahora bien, semejante imprecisión constituye un acicate para solicitar al Instituto Nacional de Estadística y a las autoridades catalanas un estudio completo y complejo sobre la salida de empresas de Cataluña (y de otras zonas económicas) que incluya un cuadro detallado de motivaciones. Así sabremos si la independencia tiene coste directo e inmediato.

Porque en la migración societaria influyen otros factores que oscurecen una medición clara de la realidad. Primero y más grave, la extraordinaria distorsión fiscal causada por la maraña tributaria autonómica. En España, según el Panorama de fiscalidad autonómica del Consejo General de Economistas, hay desigualdad profunda en IRPF, Patrimonio y Sucesiones. Ejemplos: en Cataluña y Extremadura es donde pagan más las rentas medias por IRPF; por Sucesiones, Canarias mantiene un gravamen simbólico (134 euros por una herencia de 800.000 euros), mientras que en Andalucía la misma herencia pagaría 164.000 euros.

Tanta dispersión es un efecto, en principio deseado, del sistema de financiación autonómica. Los Gobiernos autónomos, en ejercicio de su autonomía financiera, deben usar sus competencias en materia tributaria para compensar la rentabilidad política del Gobierno que gasta con el coste de quien tiene que acudir a sus electores para recaudar. Pero junto al efecto deseable de unir gasto y tributos, existe otro injustificado de competencia fiscal a la baja. La deslocalización de recursos por razones exclusivamente fiscales no tiene por qué ser económicamente eficiente; de hecho, acaba recortando los servicios de las comunidades afectadas. ¿Solución? Imponer en Patrimonio y en Sucesiones unos límites mínimos y máximos de obligatorio cumplimiento para las comunidades; o bien devolver estos impuestos al Gobierno central.

Demos un paso mas ¿La fiscalidad explica por completo la fuga de empresas de Cataluña? Pues no. La incertidumbre política desgasta la confianza empresarial; los efectos de esa incertidumbre, hay que insistir en ello, tienen que ser cuidadosamente medidos y explicados. Cataluña ha cambiado al conseller Mas Colell, casi premio Nobel de Economía, por Oriol Junqueras. Los nombres lo dicen casi todo y que cada cual extraiga las consecuencias oportunas.