Una agencia para el I+D+i

En el último momento, a punto ya de sonar la campana del final de la legislatura, el Gobierno ha creado la Agencia Estatal de Investigación, el organismo encargado de financiar y gestionar la I+D. Lo ha hecho con tres años de retraso respecto a lo establecido en la Ley de la Ciencia de 2011, que ordenaba crear la agencia en el plazo de un año. Lamentablemente se ha perdido tiempo en un asunto nuclear para cualquier país que pretenda competir en la sociedad del conocimiento.

La creación de la agencia era una antigua reclamación de la comunidad científica. El hecho de que el Gobierno haya esperado hasta el último momento para crearla es muy criticable, pero eso no debe poner en cuestión la existencia de un instrumento tan necesario. Su desarrollo quedará en manos del Ejecutivo que surja de las elecciones, y es urgente que se ponga manos a la obra. En la legislatura que termina, los recursos para investigación han caído hasta los niveles de 2006. Con unas plantillas diezmadas y una gran incertidumbre financiera, muchos equipos han tenido que abandonar diversas líneas de investigación.

La nueva agencia debe dar estabilidad y continuidad a las inversiones públicas en I+D+i, pero tan importante como una estructura que garantice una gestión eficiente, flexible y transparente es dotarla de fondos. España tiene talento científico suficiente para estar entre los mejores. Lo que le ha faltado hasta ahora es continuidad en las políticas y eficacia en la gestión. El hecho de que el órgano rector de la agencia se elija para mandatos de tres años renovables debe permitir que funcione al margen de los ciclos electorales. Es importante que la dirección de la Agencia recaiga sobre una figura con autoridad reconocida. Y las fuerzas políticas deben comprometerse a tratar el I+D+i como una cuestión de Estado y evitar toda tentación de politizar su gestión.