Las piezas clave de un futuro en común

El siglo XXI avanza con la certeza absoluta de que el mundo está más interconectado que nunca. Nuestros problemas ya no se limitan al entorno más cercano; son globales, como globales deben ser sus soluciones. Hace tiempo que numerosos colectivos sociales comparten en gran medida este análisis. Fruto de ello, ONG, sindicatos, movimientos sociales y redes ciudadanas hemos iniciado un proceso conjunto para avanzar hacia el modelo de sociedad que queremos; un modelo que parte precisamente de los principios comunes que nos unen.

La recta final de este año 2015 nos ofrece enormes posibilidades para definir cómo vamos a afrontar nuestro futuro como humanidad. En el plano doméstico, elegiremos a un nuevo Gobierno. En Europa celebramos el Año Europeo del Desarrollo, que ha puesto en debate el modelo de desarrollo actual. En el ámbito mundial, la recién estrenada Agenda 2030 marcará la hoja de ruta de la comunidad internacional para los próximos años en políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad y en la protección del medio ambiente. Y en el mes de diciembre, París acogerá la Conferencia sobre Cambio Climático (COP21) que será determinante para saber si los Estados son capaces de asumir compromisos reales que protejan el clima y, por tanto, el planeta.

Participación ciudadana, la pieza clave

Vivimos tiempos de contestación y propuesta ciudadana en todo el mundo. La aplicación de políticas de austeridad que protegen los intereses privados mientras recortan los derechos humanos —especialmente, los de las mujeres— está generando una creciente reacción social. Los pueblos exigen hacer su propia historia y participar en los asuntos públicos.

El modelo de sociedad global que queremos construir pasa ineludiblemente por una serie de cuestiones que han de cumplirse si queremos asegurar nuestro futuro y el del planeta. Las piedras angulares que guían este modelo social, económico y ecológico que proponemos, han de ser los derechos humanos y los derechos de la Tierra. Su pleno ejercicio debe ser garantizado para todas las personas, independientemente de su procedencia, género, edad o etnia. Solo así podremos construir sociedades plenamente democráticas.

La recién estrenada Agenda 2030 marcará la hoja de ruta en políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad, y en la protección del medio ambiente

Necesitamos un cambio urgente que modifique el rumbo. El modelo de crecimiento económico actual es insostenible y no puede seguir siendo la medida del progreso de las sociedades; de hecho está en el origen de la injusta distribución de la riqueza, de la precariedad, la vulnerabilidad social y la grave crisis ecológica que enfrentamos. Defendemos, por tanto, un desarrollo que genere condiciones de partida iguales y equitativas para todas las personas y que use racional y equitativamente los recursos naturales. No podemos vivir de espaldas a la dependencia humana y a los límites planetarios.

Queremos una economía al servicio de las personas y no personas al servicio de la economía. Y una de las piezas clave para ello es la universalización del trabajo decente y la protección social como vía para superar la pobreza y la vulnerabilidad. Los índices de paro tanto en España, como en el mundo son absolutamente escandalosos; las graves consecuencias que suponen para la vida de millones de personas, también.

Debemos acabar con la dinámica de privatización y recorte de los servicios públicos. La lógica de la rentabilidad no puede ser el principio que rija su gestión. La educación, la sanidad o los servicios sociales son derechos básicos absolutamente necesarios para alcanzar una democracia real. Por eso deben ser universales sin excepción de ningún tipo y deben contar con financiación pública suficiente. No asegurar que así sea está generando efectos desoladores en las condiciones de vida actuales y los tendrá también sobre las futuras.

Desigualdades insostenibles

Asistimos a una desigualdad obscena tanto en nuestro país como en todo el planeta. España se sitúa a la cabeza de los países europeos más desiguales. En el mundo, el 1% de la población tiene el mismo patrimonio que el 99%; y el 70% de la población pobre son mujeres. La persistencia –e incluso aumento progresivo- de estos datos, además de ser una injusticia, amenaza nuestra cohesión social y es un indicador de mala salud de nuestra democracia.

Enfrentar esta situación debe ser un objetivo central de cualquier política pública. La acumulación de la riqueza en manos de unos pocos debe frenarse con políticas fiscales progresivas, acompañadas de acuerdos internacionales que acaben con la evasión fiscal y los paraísos fiscales, e impidan a las empresas transnacionales eludir el pago de impuestos e imponer sus intereses en los países donde operan.

Merece especial atención la situación de desigualdad a la que se ven sometidas las mujeres. El abanico de discriminaciones que enfrentan es muy amplio y tiene su origen en factores estructurales propios del sistema patriarcal que rige el mundo. Por ello, es prioritario abordar esta situación de manera diferenciada y transversal al conjunto de políticas que adopte cualquier gobierno.

Una de las cuestiones más alarmantes de nuestro tiempo es la crisis de migrantes y refugiados que afecta a todo el planeta. No podemos mirar hacia otro lado e ignorar que 60 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Esta situación debe ser abordada desde la defensa de los derechos humanos, el derecho de retorno a sus hogares y el cumplimiento de las leyes establecidas para proteger a personas que no han elegido salir de sus países sino que se han visto obligadas a hacerlo a causa de conflictos, violaciones de derechos humanos, crisis medioambientales o emergencias humanitarias.

En miles de rincones del planeta, la sociedad civil demanda participación y mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Garantizar la participación política y social de la ciudadanía y su protagonismo es uno de los principales elementos para solucionar los problemas que nos afectan y para fortalecer la salud democrática. En este sentido, medidas como las llamadas “Leyes Mordaza” deben revertirse de manera inmediata.

El nuevo gobierno que sea elegido en las próximas elecciones, tendrá en sus manos la posibilidad de defender estos principios y consolidarlos no solo en el ámbito doméstico, sino también, en las actuaciones internacionales que nos afectan como parte de la sociedad global a la que pertenecemos. Nuestro futuro se sitúa en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y no de competencia entre países; ahí es dónde se encuentra el camino hacia el futuro común que queremos.

Este artículo presenta las principales propuestas del documento de Mensajes Comunes, enmarcado en el proyecto Futuro en Común (www.futuroencom.net). Lo firman las siguientes organizaciones: AIETI, Alianza contra la Pobreza, Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra, Asociación Bienestar y Desarrollo, CEAR, Coordinadora de ONGD-Castilla La Mancha, Coordinadora de ONGD-España, Consejo General del Trabajo Social, EAPN España, Ecologistas en Acción, Entreculturas, Federación de Planificación Familiar Estatal, Fórum de Política Feminista, IECAH, InspirAction, Movimiento por la Paz-MPDL-, SEO/BirdLife, USO, WWF.