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Los ‘sin tierra’ argentinos, contra la industria forestal

Familias que antes trabajaban en las plantaciones pinos y eucaliptos y ahora son apartadas por la tecnología, piden terrenos para cultivar

El Productor Independientes de Piray (PIP), Roque Ficetti, junto a sus hijos Aldana Morena. Ver fotogalería
El Productor Independientes de Piray (PIP), Roque Ficetti, junto a sus hijos Aldana Morena.

Tierras rojas, ricas en hierras, con subidas y bajadas, llenas de bosques. Así es parte de la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, rodeada por Paraguay y Brasil. Pero no son todos bosques nativos, de árboles y arbustos pindó, yuquerí, bambú, alecrín, ambay y guatambú, con las lianas típicas de la selva misionera. Desde la década del setenta la industria forestal ha ido plantando cada vez más pinos y eucaliptos.

Entre finales de los ochenta y principios de los noventa, las plantillas de motosierristas se fueron reduciendo de entre 40 y 200 por empresa contratista hasta menos de cinco. Las máquinas procesadoras reemplazaron trabajadores, que migraron a las grandes ciudades o se quedaron batallando por reconvertirse en campesinos. Esto útlimo fue lo que han hecho al menos las 80 familias del colectivo Productores Independientes de Piray (PIP), radicadas en el paraje Piray 18, a 989 kilómetros al noreste de Buenos Aires y a 18 de Puerto Piray, un pueblo sobre el río Paraná, frente a Paraguay, en el que está radicada una de las plantas de la forestal chilena Arauco. En otros sitios de Misiones también pelean por tierras los pequeños agricultores, como en San Pedro, Bernardo de Irigoyen y Andresito.

“Casi todos nuestros padres fueron empleados en las plantaciones de pinos, pero después vino la maquinaria y se acabó el laburo [trabajo]”, cuenta Raimundo López, campesino del PIP, de 43 años, padre de tres hijos. Incluso algunos de sus compañeros más veteranos trabajaron en la industria forestal, como Miguel Ruiz Díaz, de 50 años, padre de cinco hijos, que entre 1995 y 2011 se dedicaba a esparcir pesticidas entre los árboles. “Yo preparaba 40 kilos de una mezcla de agroquímicos por día, incluidos glifosato, metsulfuron y arsenal forestal. No sé si estoy enfermo”, relata Ruiz Díaz en aquel paraje con casas de madera pintadas de verde o de ladrillos y techos de chapa, entre pequeñas parcelas de una o tres hectáreas con gallinas, vacas, cerdos y plantaciones de maíz nativo, mandioca, judías, zanahoria, lechuga, col, acelga, puerro, habas, caña de azúcar, nísperos, melocotones, naranjas y toronjas, todas rodeadas por pinos.

La producción de madera y pasta celulosa es una de las más importantes de Misiones, en las que también pesan las plantaciones de yerba mate, insumo de la bebida más popular de Argentina, y el turismo, en especial en las cataratas del Iguazú. En la entrada de Puerto Piray un cartel indica: Ciudad forestal. Allí hay mucho comercio, pero contrabando y tráfico de marihuana en canoas desde Paraguay, murmuran los pueblerinos. A sus alrededores numerosas chacras de yerba mate y té han migrado al pino por cuestiones de rentabilidad. En el camino de tosca a Piray 18 a los costados se levanta la llamada faja protectora de bosque nativo y detrás se ven los árboles implantados. No se divisan pájaros ni otros animales. Los agriculores lo atribuyen a los agroquímicos con los que se matan las plagas que amenazan la producción.

En la hectárea de Raimundo López hay sobre todo mandioca. De ella come su familia y extrae almidón para vender. “Además, entre siete tenemos una carpintería y estamos haciendo azúcar”, relata Raimundo, que con otros centenares de campesinos tomaron allí en 1998 unas 140 hectáreas que pertenecían a un empresario de medios de comunicación de Misiones.

En 2005, cansados del desamparo, los campesinos de aquellas tierras organizaron el PIP para pedir más hectáreas y beneficios fiscales y crediticios. La mayoría de ellos apenas terminó la escuela primaria, o ni siquiera eso. “Acá venían los ingenieros forestales de Alto Paraná [el antiguo nombre de Arauco Argentina] para decir que hagamos huertas”, recuerda Raimundo. “¡Que ellos vengan a plantar lechuga!”, se queja otro campesino, Ismael López, de 37 años y ocho hijos.

“La única solución es que nos den tierras, porque la empresa no va a tomar más mano de obra y la chacra no te da rentabilidad”, expone Roque, de 51 años, con dos hijos y menos de dos hectáreas, que migró de la provincia de Córdoba. Por allí suelen asentarse brasileños y sobre todo paraguayos, que acceden en Argentina a unas ayudas sociales y atención sanitaria de la que carecen en su país. “Los ingenieros vienen a decir a los chicos en la escuela del pueblo que el futuro es el pino y a nosotros nos dan planes de miércoles [mierda] que no sirven para nada”, continúa Roque. Los campesinos misioneros en lucha contra la actividad forestal suelen conseguir más ingresos por esas subvenciones que por lo que producen sus chacritas, según Roberto Muñoz, experto del Centro de Estudio e Investigación en Ciencias Sociales. Juan Duarte, uno de los pocos jóvenes que se quedan en Piray 18 y participan del PIP, de 24 años, un hijo, camiseta del Barcelona y pantalones cortos del Boca Juniors, cuenta que por allí la mayoría cobra la asignación universal por hijo —que obliga a los niños a ir a la escuela y los controles médicos— o participa de tres de los principales programas sociales que creó el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el de cooperativas de trabajo, el de educación secundaria para madres adultas y el de formación para jóvenes en paro o con empleo informal.

En 2005, cansados del desamparo, los campesinos de aquellas tierras se organizaron para pedir más hectáreas y beneficios fiscales y crediticios

Al año del nacimiento del PIP, en 2006, comenzaron sus piquetes en las carreteras, sobre todo las de tierra que conectan Piray 18 con la fábrica de Arauco y por la que circulan entre curvas y contracurvas camioneros apresurados que cobran por la cantidad de madera transportada. “Si no salimos a la ruta, no te escuchan”, se ampara Raimundo. En 2007 resistieron el primer intento de desalojo. “Supuestamente habían comprado 52 hectáreas para reforestar pino, pero eso quedó parado porque nos organizamos como comunidad”, reivindica Ruiz Díaz. Una madrugada de 2011, a las seis, instalaron tiendas para impedir que los camiones salieran de los pinares. A las dos de la tarde llegó la orden de un juez para desalojarlos. Varios de ellos fueron denunciados por usurpación de propiedad privada.

Otros cuatro parajes cercanos han desaparecido en las últimas décadas, como las 40 familias que en 1995 fueron desalojadas de 300 hectáreas concedidas a la industria forestal. Algunos se mudaron a Piray 18, donde en total hay 250 familias, una escuela primaria, una nueva secundaria, un centro de atención primaria de la salud, otro de jubilados en construcción, la sede del PIP, la iglesia pentecostal Sal de Justicia, una plaza con columpios rotos y gallinas sueltas. “Hay vecinos que aceptan las migajas que nos dan”, acusa Raimundo. “A los que reclamamos nos llaman loquitos o terroristas. Te dicen que vendas tu producción barata para ser competitivo… Los jóvenes se van con falsas expectativas a Buenos Aires y otros lugares”, añade este campesino de camiseta blanca, bermudas agujereadas y borceguíes, entre el calor y los mosquitos. “Se van a vivir a las villas [barrios de chabolas], adonde viven con pistola en mano”, compara Ismael las ciudades violentas con la relativa tranquilidad de la selva.

En 2013, los campesinos del PIP se mantuvieron en la carretera hasta que el Gobierno de Misiones les prometió que expropiaría 600 hectáreas a Arauco para entregárselas. El proyecto de ley oficial fue aprobado por el parlamento local, pero dos años después los agricultores siguen sin esas tierras. “Las 600 hectéares no existen. Existe el éxodo, el hambre y la pobreza”, lamenta Ismael. “Cuando salió la ley, pensábamos que en uno o dos meses nos darían la tierra”, relata la portavoz del PIP, Miriam Samudio, de 36 años y tres hijos. “Después pasó un año y nos obligaron a formar una cooperativa, nos pidieron un número de matrícula. Todo quedó en palabras, nos mintieron. Cuando se cumplieron dos años algunos queríamos ingresar a las 600 hectáreas, pero había otros con miedo. No entramos, pero hicimos un corte (de carretera), marchamos y mandamos una nota. Amenazamos con ir a Posadas (capital de Misiones)”, relata Miriam. EL PAÍS contactó con la Subsecretaría de Tierras provincial y con Arauco, pero nadie respondió. “En el Gobierno dicen que están trabajando. ¡Pasaron dos años! Nosotros trabajamos rascando la tierra 12 horas por día para sacar 100 pesos (8,90 euros) y pagarles el sueldo a ellos. Nosotros somos mal vistos en la provincia. El Gobierno nacional nos ayudaba con infraestructura, pero cortó todo”, despotrica Raimundo. “Te ahogan con los impuestos”, acota Roque. “En cambio, ellos [los propietarios de proyectos forestales] están libres de impuestos por años”, alude Raimundo al régimen de promoción forestal que en realidad asegura la estabilidad fiscal por 30 a 50 años a cada inversión.

Nubes de polen se expanden desde los pinares hacia las vecinas tierras de Piray 18. Los campesinos del PIP dicen que sus hijos sufren por eso broncoespasmos y alergias, pero los médicos de los centros públicos niegan que sea por el polen. “Los médicos cierra el pico”, critica Roque. En chanclas, Miriam cuenta la historia su hijo de 16 años: “Yo vivía a 70 metros de los pinos y me llenaban de veneno [agroquímicos]. Tuve malestares en el embarazo por olerlo. Mi hijo nació con broncoespasmo, a los siete años empezó a caerse, a los 12 ya no corría. Tiene debilidad muscular, pero lo llevé a Buenos Aires y no le encuentra nada”. Los campesinos reivindican su producción orgánica. “Nosotros producimos bien sano, sin químicos. Yo hago leche, yogur, dulce de leche, chancho [cerdo], pollo, y mis hijos nunca se enferman”, cuenta Raimundo, mientras sigue esperando la tierra.

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