Campesinos que luchan por la tierra y su fruto

Ramona Bustamante arrastra sus pies y su bastón para acomodarse en una silla bajo una tienda hecha de unos plásticos que antes usaban terratenientes vecinos como silos para la soja transgénica. Tiene 87 años y hace diez la casa de su campo cercano al pueblo de Puesto de Castro (671 kilómetros al norte de Buenos Aires), en la provincia argentina de Córdoba, fue destruida por las topadoras de unos hermanos vendedores de coches y seguros que decían que habían comprado sus 236 hectáreas. Ella y uno de sus hijos, Orlando, de 58 años, vivieron ocho meses a la intemperie, durmieron en el suelo, entre los perros, hasta que se construyeron dos casas precarias, con plásticos, chapas y adobe, sin las antiguas conexiones para agua caliente y gas en bombona. En esa incertidumbre sobreviven mientras permanece estancada la causa judicial por sus tierras poco fértiles de la región chaqueña, entre algarrobos, chañares, quebrachos, itines, tuscas y otros arbustos. Con cabras, ovejas, gallinas, patos y pavos, no pasan hambre ellos dos ni el joven de 17 años al que crían, Facundo, pero viven la pobreza, como la mitad de los 120 millones de campesinos de Latinoamérica. Dos tercios de los pobres del subcontinente residen en zonas rurales.

De los 63 millones agricultores pobres, unos 35 millones incluso carecen de la alimentación básica. ¿Cómo es posible que pasen hambre quienes se ganan la vida cultivando? Cada quien tiene su respuesta. El representante regional de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Raúl Benítez, opina que "el problema es que algunos sectores campesinos no tienen acceso a buena tecnología, financiamiento o tierra y la poca producción que ellos pueden hacer no alcanza para satisfacer las necesidades de alimentación". En las últimas tres décadas la agricultura familiar, que apunta a la propia subsistencia y el mercado interno, ha sido desplazada en parte por grandes o medianos inversores que plantan cultivos con destino de exportación, como la soja transgénica o el aceite de palma, con semillas, fertilizantes y plaguicidas provistos por multinacionales. La ganadería a campo abierto ha sido sustituida en parte por los corrales. En algunos casos ha habido compraventa de tierras y en otros, conflictos por terrenos en los que los campesinos han habitado desde hace décadas sin título de propiedad.

La hectárea de la finca de Ramona costaba 1.000 dólares (731 euros) en el año 2000 y llegó a multiplicar por diez su valor en 2004 porque inversores comenzaron a apetecer una tierras antes desdeñadas, solo usadas para la ganadería extensiva, y que en ese entonces podían cultivarse con una soja cuya cotización internacional se había disparado por la demanda de China y que, al ser modificada genéticamente, resistía climas menos húmedos que los de la región pampeana, según cuenta Germán Pez, licenciado en Comunicación de la ciudad de Córdoba que se mudó hace 13 años a Cerro Colorado (65 kilómetros al oeste de Puesto de Castro), donde vive en tierras que pertenecían al famoso cantautor y guitarrista folklórico argentino Atahualpa Yupanqui. Allí da clases en una escuela secundaria y milita con los campesinos de su provincia. Cuenta que los últimos años de sequía han reducido el precio de la hectárea de Ramona a 6.000 dólares (4.391 euros).

"La agricultura empresarial es una forma de producción que tiene su costado bueno y aspectos negativos también", opina Benítez desde la sede regional de FAO en Santiago de Chile. "Lo positivo es el incremento notable de la producción, el avance tecnológico, la investigación. Ahora bien, en algunos casos trajo exclusión social. En muchos otros, el problema es que han ido comprando tierras pagando un precio justo, sin nada raro, y esos productores que se ganaban la vida con su producción primero venden, se van a las ciudades más importantes del país, ahí hacen un emprendimiento, se gastan todo y después caen en la pobreza", relata el representante de FAO.

De los 63 millones agricultores pobres, unos 35 millones incluso carecen de la alimentación básica

Claro que con los impuestos que recaudan los gobiernos latinoamericanos por la exportación agrícola también ha habido beneficios para los más pobres. "Varios gobiernos progresistas de Latinoamérica implementaron diversos programas sociales y alimentarios que fueron avanzando en la lucha contra el hambre en el campo y la ciudad", reconoce Diego Montón, integrante de la secretaría operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC)-Vía Campesina (VC). Se refiere a Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador o Uruguay. "En otros países sí hay pobreza extrema en el campo, como Guatemala, Honduras y Paraguay. Lo que tienen en común países progresistas y de derecha son los conflictos por la tierra y los bienes naturales con las corporaciones multinacionales", alude a las mineras, las petroleras, las comercializadoras de granos en el mercado mundial y las proveedoras de insumos para el campo. "Con la excepción de algunos países como Bolivia o Nicaragua, en general hay un avance del capitalismo financiero en la agricultura sobre las comunidades campesinas", añade Montón desde sus tierras en la provincia argentina de Mendoza.

Una visión contrapuesta es la de las multinacionales proveedoras de semillas transgénicas y herbicidas como Monsanto. En sus oficinas de Buenos Aires, el vicepresidente de la empresa para Latinoamérica Sur, Pablo Vaquero, considera que la solución a la pobreza rural radica en que se ejecuten inversiones en tecnologías que aumenten la productividad y en la educación, la sanidad y la calidad de vida de los pobladores. "En los últimos 50 años, mientras que la población mundial se duplicó con creces, la producción agrícola casi se ha triplicado y el área cultivada sólo creció 12%", defiende Vaquero, que considera compatibles y no competidoras la agricultura campesina y la de los negocios. El representante de la FAO también cree en la convivencia, pero considera que la agricultura familiar, que será el lema de la organización este año, requiere de más apoyo institucional. En cambio, Montón opina que la única forma de que coexistan consiste en acotar el territorio de los agronegocios para acabar con la violencia y evitar el contacto con los cultivos transgénicos y las fumigaciones que se esparcen sobre ellos. En un reciente informe de CLOC-VC ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se denunciaron decenas de asesinatos de campesinos en Guatemala, Honduras, Colombia y Paraguay. Montón también menciona homicidios en Brasil y Argentina.

Es jueves en La Rinconada (42 kilómetros al norte de Puesto de Castro), son las 19.00, una hora después de la hora de convocatoria, y comienza una asamblea de 13 campesinos que cuentan los constantes intentos de desalojarlos. Mientras, aturden las chicharras en el atardecer del verano austral. En la zona unos 350 agricultores criaban los animales sueltos en los campos de sus vecinos, sin alambradas de por medio. "Vino un tipo de San Francisco (ciudad de la cuenca lechera de Córdoba) con papeles viejos a reclamar 900 hectáreas al lado de nuestras 1.200", cuenta María Galán, que con su marido, una hija pequeña y otros siete miembros de su familia habitan aquellas tierras secas donde solo hay algún que otro algarrobo o tamarín, falta electricidad y agua, que las vacas deben buscar a unos 20 kilómetros, atravesando fincas, en el río Dulce. "Puso tres hileras de alambre y movió a nuestros animales", continúa Galán, cuyos vacunos, cabras y ovejas están acostumbrados a caminar algunos kilómetros para conseguir hierba. "Y una noche le desaparecieron los alambres", sonríe su marido, Carlos Herrera, que fue denunciado por el nuevo terrateniente por supuesta usurpación.

Vestidos con camisas a cuadros, bombachas (pantalones) de gaucho, alpargatas, boinas o gorras de marca Puma, los campesinos de La Rinconada reconocen que ya no pasan hambre como en la hiperinflación que sufrió Argentina en 1989 y 1990. También destaca que en diez años de kirchnerismo, así como avanzaron los inversores de mediana monta sobre sus tierras, también aparecieron las ayudas sociales. "Ahora no hay hogar donde no haya jubilaciones, pensiones o la asignación universal por hijo (menor de 18 años)", destaca Zulema Angulo, pensionista de 66 años que cría cerdos y que confiesa que nunca se ha podido comprar un televisor y que la tensión del suministro eléctrico, que solo llega a la treintena de casas del pueblo, es irregular y a veces quema las neveras. Cuando se le consulta sobre las necesidades de los campesinos, Zulema menciona créditos y subvenciones para comprar semillas o alambres, agua para ellos y los animales, paneles solares o aerogeneradores. "Las ayudas económicas solo llegan a los productores grandes", repite una queja que también hace propia Benítez, de la FAO. El funcionario elogia el programa de Brasil de compras de alimentos a campesinos para abastecer los comedores escolares. Otros agricultores de La Rinconada piden mejores caminos, pues todos son de tierra por allí, protección legal contra las usurpaciones y jueces, fiscales y policías que no siempre se pongan del lado de los nuevos terratenientes. Juan Barrera, de 63 años, que vive frente a un campo que pretendía un empresario de la provincia de Entre Ríos pero donde también se esfumaron los alambres, añade otras necesidades: "Herramientas para trabajar, tractores, luz".

La demanda de soja ha disparado el precio de algunos terrenos

Aquel día Barrera había recibido la visita de tres de sus seis nietos y no dejaba de jugar con un tractor de juguete hecho de plástico. De sus ocho hijos, solo dos, varones de 27 y 28 años, se han quedado a vivir con él y su esposa. "Hay algunos años buenos, pero otros sin agua. La situación siempre es crítica. Yo tengo 100 hectáreas y no da el tamaño para criar animales encerrados acá. Necesitaría 1.000. Pero acá el hambre todavía no ha llegado, sería el colmo. Lo más (que se gana) es para comer", cuenta Barrera, que cambia sus cabritos a comerciantes ambulantes que traen de zonas agrícolas patata, cebolla, azúcar o maíz. "También compramos remedios o pagamos para ir a un médico (privado) en Elcano (58 kilómetros al oeste de La Rinconada) porque te atiende más rápido y tiene más ciencia, más práctica", comenta Barrera, a cuyo pueblo solo va un galeno público tres horas por semana.

Pero los alambres que impiden seguir con la tradición de compartir la hierba y el agua están más presentes en Puesto de Castro, donde resiste la anciana Ramona, que en La Rinconada. Con solo dos años de instrucción primaria, ella había firmado antes del desalojo una cesión de sus tierras a los empresarios que las pretendían. "La mami no sabía lo que firmaba. Sabe leer y escribir, pero no el significado, según declaró ante el juez la maestra del pueblo", explica su hijo. "Están esperando que ella se muera para venir a sacarme la tierra", añade Orlando. "Por eso yo le pido a Dios que mis hijos se mueran antes que yo", ruega Ramona.

"Para el campesino, los agronegocios son un desastre", opina Pez, que acompaña a Ramona y otros tantos campesinos en su lucha. "Los dueños no son de acá y tienen un empleado donde antes vivían 20 o 30 familias", describe este docente de 35 años mientras regresa a los pagos donde vivió y yacen los restos de aquel Yupanqui que advertía: "Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros, con pedernal y yesca, con melodías y cantares, poemas y reflexiones, alto desvelo y sueños de todo tipo, para entibiar las horas de aquellos que no quieren congelarse todavía".