Niños aterrorizados e indefensos

Es verdad que hay parejas que, cuando se divorcian, utilizan a los hijos como munición contra el cónyuge: es una mezquindad en la que pueden caer tanto ellos como ellas. Es cierto que hay mujeres que acusan falsamente de malos tratos al exmarido: yo misma conozco un caso así. Pero son situaciones minoritarias, y además un sistema judicial lo suficientemente preparado puede dilucidar con relativa facilidad la verosimilitud de la imputación, dados los antecedentes, las pruebas y la coherencia del relato.

La violencia había empezado muy pronto, mientras Ángela estaba embarazada

Ángela González había denunciado 30 veces a su exmarido. La violencia había empezado muy pronto, mientras Ángela estaba embarazada. Cuando la niña cumplió tres años, reunió suficiente coraje y se separó. Los tribunales permitieron que el padre viera a la niña, siempre con supervisión; sin embargo, un día un juez aceptó el recurso del hombre y le concedió visitas sin tutelar, pese a las frenéticas advertencias de Ángela de que la pequeña corría peligro. Una docena de visitas más tarde, el padre mató de tres tiros a su hija y luego se suicidó. Fue en 2003 y la nena tenía siete años. Me espanta pensar en todo el miedo y la angustia que debieron de pasar esa madre y esa niña, día tras día, visita tras visita. Me horroriza imaginar esa indefensión. Esta historia atroz es a todas luces un estrepitoso fracaso de la Administración; sin embargo, y aunque Ángela acudió a los tribunales pidiendo justicia y llegó hasta el Constitucional, no consiguió nunca que le dieran la razón, otra vergüenza más en esta historia indigna y vergonzosa: si las instituciones ignoran un caso tan flagrante, ¿cómo vamos a creer en nuestro sistema?

Desesperada, esta madre coraje recurrió a la organización internacional Women’s Link Worldwide, que presentó el caso ante las Naciones Unidas. Hace ahora justamente un año, la ONU, y concretamente el CEDAW, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, condenó por unanimidad al Estado español por actuar con negligencia y planteó una serie de recomendaciones, todas ellas de evidente sensatez: indemnizar a la madre, llevar a cabo una investigación para saber qué falló, obligar a los jueces y al personal administrativo a recibir formación sobre estereotipos de género y, por último e importantísimo, tener en cuenta los antecedentes de violencia a la hora de conceder derechos de custodia de los niños. El pasado julio, la CEDAW volvió a insistir en el dictamen del caso de Ángela González. Pero España se ha pasado la condena de la ONU por las narices y ha declarado que no piensa hacer nada; según el Ministerio de Justicia, los dictámenes de los comités de las Naciones Unidas no son vinculantes ni de obligado cumplimiento. Todos los comités, no sólo este. Una nueva barbaridad de este Gobierno bárbaro, porque España firmó y ratificó los protocolos de la ONU. Pura mentira, se ve.

Una nueva barbaridad de este Gobierno bárbaro, porque España firmó y ratificó los protocolos de la ONU. Pura mentira

También fue mentira lo que dijo el pasado mes de febrero ante el Congreso el ministro de Sanidad e Igualdad, Alfonso Alonso, que aseguró que “en ningún caso” el Gobierno va a permitir que los maltratadores tengan la custodia de sus hijos o puedan participar del régimen de visitas. De hecho, y esto es lo peor, la tragedia por la que pasó Ángela González puede repetirse en cualquier momento. Existen bastantes situaciones parecidas e incluso hay casos extremos en los que el conflictivo padre ha conseguido la custodia absoluta. La plataforma Stop Inmunidad Maltrato Infantil ha enviado a la ONU un informe denunciando y documentando ocho casos espeluznantes en los que padres con graves historiales de violencia han conseguido sin embargo quedarse con los niños. Casi todas las sentencias se basan en la supuesta manipulación de la madre para indisponer a los hijos contra el padre, es decir, en el impresentable síndrome de alienación parental (SAP), una entelequia denunciada por las principales organizaciones científicas del mundo y que ha sido invalidada repetidas veces por el propio Consejo General del Poder Judicial; y no porque no pueda haber mujeres que, al igual que los hombres, intenten malmeter a los niños, ya lo dije al principio, sino porque el supuesto SAP es una maquinaria de acusación perversa que convierte cualquier intento de defensa de la acusada o el miedo evidente de los niños en una prueba culpabilizadora más. De lo que estamos hablando, en fin, es de que la palabra de la mujer sigue contando menos, aunque la respalden denuncias e informes médicos de lesiones, que el sacrosanto principio de la paternidad. Es decir: detrás del SAP, del terrible caso de Ángela y de la impenetrabilidad de nuestro Gobierno a la hora de aceptar lo evidente, ¿qué hay? Pues prejuicios milenarios y restos tenaces de un rancio patriarcado que, pese a estar en descomposición, muere matando. Matando niños aterrorizados, en este caso.

@BrunaHusky

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