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El Fondo aprieta

Las políticas sugeridas por el FMI son difíciles de asumir en España

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha difundido las principales conclusiones del informe que está ultimando sobre la economía española. Partiendo de la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año y el siguiente, recomienda a las autoridades que se den pasos adicionales en el ajuste fiscal y en la reforma del mercado de trabajo.

Que la economía va a crecer más de lo que esa institución viene anticipando no sorprende. El FMI ha revisado varias veces sus previsiones, habitualmente inferiores al promedio de los analistas españoles y a las del propio Gobierno. Ahora parece curarse en salud y las sitúa por encima: el crecimiento del PIB español será, según sus cálculos, del 3,1% este año y del 2,5% en 2016. Son razonables.

Entre los factores que impulsan ese crecimiento, los más importantes son externos y con fecha de caducidad. La política monetaria excepcionalmente expansiva del BCE, la depreciación del euro y la caída del precio del petróleo benefician a la economía española en mayor medida que al promedio de la eurozona, pero no son permanentes. Además, la política fiscal está siendo menos restrictiva en este ejercicio de marcado carácter electoral, con bajadas de impuestos directos y ampliación del gasto público. La probable debilidad de alguno de esos elementos tractores, en los próximos meses, justifica que se anticipe una reducción del crecimiento para el año próximo, como lo hacen casi todos los analistas (pero no el Gobierno).

Esas previsiones y la identificación de los motores del crecimiento son más fáciles de asumir que la inmediata aplicación de las políticas sugeridas por la institución. Admitiendo que la prolongada contención salarial ha sido un elemento fortalecedor de la competitividad de las empresas, recomienda que siga abaratándose el despido. Junto a ello, sugiere también la subida del IVA y el copago sanitario.

No son políticas muy novedosas, pero tampoco las prioritarias en el momento actual. En primer lugar, aplicar reducciones adicionales a la renta disponible de las familias —ya sea a través de más recortes salariales, del incremento de impuestos sobre productos básicos o del aumento de la factura sanitaria— no favorece precisamente que la familia media fortalezca sus decisiones de gasto, su confianza. Después, el nivel de endeudamiento familiar sigue siendo elevado. Y no menos importante: en la gestión de esta crisis, las familias de menor renta siguen siendo las que en mayor medida soportan sus consecuencias, como se pone de manifiesto no solo en los salarios medios, sino en la ampliación de la desigualdad a lo largo de estos años.

Es acertada la recomendación de fortalecer las pequeñas empresas, en particular el acceso a la financiación y a liberar las restricciones a su crecimiento, para aumentar el tamaño medio e incrementar la propensión exportadora. Este tipo de reformas, compatibles con la recuperación de las condiciones de vida de la mayoría de la población, son las que deberían aplicarse. Sin olvidar aquellas otras decisiones menos dependientes del Gobierno, como el plan Juncker de inversiones europeas, que, además de favorecer el empleo, pueden impulsar la productividad de las empresas y la debilitada cohesión en el seno de la Unión Europea.

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