Por el crecimiento y el empleo

El debate sobre el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE), o TTIP por sus siglas en inglés, suscita muchas incertidumbres y recelos entre algunos sectores de la sociedad a la vez que está adquiriendo un protagonismo creciente ante la votación, en comisión parlamentaria la semana pasada, y en el Pleno el próximo 10 de junio, sobre la posición del Parlamento Europeo.

Dar respuesta a la incertidumbre y los recelos que genera el TTIP requiere reflexión, una mirada amplia y pedagogía, más allá de los 140 caracteres y de los grandes mensajes grandilocuentes. Por ello, consideramos conveniente arrojar un poco de luz a este debate y explicar la posición socialista.

Para ello, es preciso responder a tres preguntas claves.

¿Creemos que la economía de mercado, con un estado social que corrija sus fallos y redistribuya adecuada y justamente, es la mejor forma de garantizar el progreso económico de las naciones?

¿Creemos que el comercio internacional estimula el crecimiento y el empleo, que la competencia permite a los productores especializarse en lo que mejor saben hacer y a los consumidores disfrutar de mejores productos y servicios a mejor precio?

¿Creemos que Estados Unidos es un país con unos estándares socio económicos elevados en comparación con otras áreas del mundo con las que la UE tiene Acuerdos de Comercio e Inversiones?

La respuesta a estas tres preguntas, desde una perspectiva socialdemócrata, es, sin lugar a dudas, afirmativa.

Respetamos a quienes no creen en la economía de mercado, a quienes no creen en el comercio como un instrumento a favor del crecimiento o a quienes creen que Estados Unidos está al otro lado del telón de acero, pero debemos resaltar que tales planteamientos no responden a los principios de la socialdemocracia europea.

El objetivo de las negociaciones del TTIP es estimular el comercio y la inversión entre la UE y los Estados Unidos eliminando las barreras innecesarias, tanto arancelarias como no arancelarias, en una amplia variedad de sectores económicos.

No hace falta recordar el gran volumen de comercio e inversiones existente entre la UE y EEUU, valorado en la actualidad en 960 mil millones de euros al año y que los productos y servicios que rodean nuestra vida cotidiana serían muy diferentes sin comercio internacional. Tampoco se debe olvidar que las redes sociales, desde las que se hacen campaña en Europa contra el Tratado, tienen su sede en los EEUU.

Lo que pretende el TTIP es alcanzar una cooperación regulatoria para estimular el comercio y suprimir barreras administrativas innecesarias que perjudican especialmente a las pequeñas y medianas empresas que quieren internacionalizarse pero no pueden asumir los costes de tener que cumplir dos normativas diferentes, la del país de origen y la del de destino.

El TTIP pretende eliminar barreras innecesarias, tanto arancelarias como no arancelarias, en una amplia variedad de sectores económicos

Se estima que el incremento del coste derivado de la burocracia innecesaria se sitúa en torno al 20 %. Lo que se pretende conseguir con la cooperación regulatoria es evitar dobles certificaciones de modo que, por ejemplo, los exportadores de naranja, que ahora tienen que pagar a los Inspectores fitosanitarios americanos su estancia en España durante toda la campaña, dejen de hacerlo porque puedan vender sus naranjas a Estados Unidos con el certificado europeo.

El Partido Socialista, por tanto, defiende la negociación pero no apoyará cualquier TTIP.

Defendemos un Acuerdo que sirva para promover los principios y valores que compartimos, para defender y asegurar los estándares de protección medioambiental, social y laboral que disfrutamos y que puedan servir de referencia en el comercio mundial. Defendemos un Acuerdo que beneficie a los ciudadanos y que abra nuevas oportunidades a nuestras empresas.

El pasado 28 de mayo se aprobó, por una amplia mayoría, una propuesta de Resolución en la que la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo expone claramente su posición en las principales áreas del TTIP, recogiendo la mayoría de nuestras exigencias y de la ciudadanía.

Las principales recomendaciones de dicha propuesta son:

1. Reforzar los Derechos Laborales

La Comisión Europea debe asegurar que el Acuerdo Incluya la plena ratificación, aplicación y ejecución de las principales Convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agenda de Trabajo Decente y normas sobre la responsabilidad social de las empresas.

2. Acabar con el ISDS actual basado en el arbitraje privado, exigiendo un nuevo modelo que pase por el reconocimiento de la competencia de los Tribunales Nacionales para garantizar la protección jurídica de los inversores y proponga una solución permanente sujeta a principios y controles democráticos, administrada por jueces de carrera independientes, elegidos públicamente, que garanticen la ausencia de conflicto de intereses, y que incorpore un sistema de apelación.

3. La ratificación de los Acuerdos Internacionales fundamentales en materia medioambiental.

4. La Exclusión de los Servicios Públicos, asegurando que las autoridades nacionales mantienen su derecho a decidir el modo en que se financian, se organizan y prestan los servicios y a introducir cualquier modificación al respecto.

5. El mantenimiento de cuotas tarifarias y la posible exclusión de determinados productos agrarios especialmente sensibles.

6. El reforzamiento de la regulación de los mercados financieros y de la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

En definitiva, se trata de influir para conseguir un buen Acuerdo que recoja los principios y valores que los socialistas queremos que sirvan de referencia en el comercio internacional. Defender el “no” sin proponer alternativas es renunciar a la oportunidad de avanzar.

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, eurodiputada del Grupo de los Socialistas y Demócratas, titular de Comercio Internacional. Manuel de la Rocha Vázquez, secretario de Economía de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. Juan Moscoso del Prado Hernández, Portavoz socialista de la Comisión de Economía en el Congreso de los Diputados.