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Alarma fiscal

La difusión de la renta de Aguirre exige una explicación política de Hacienda

Cuatro días antes de que se celebren las elecciones municipales, un medio de comunicación ha difundido la declaración de renta de Esperanza Aguirre, candidata al Ayuntamiento de Madrid por el PP. La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado argumentando razonablemente que puede existir un delito de revelación de secreto y reclamando seguridad jurídica para los ciudadanos. Hacienda ha reaccionado al menos con cierta rapidez: la Agencia Tributaria anuncia que pondrá en marcha una investigación para aclarar el origen de la filtración, algo que, en principio, no debería ofrecer demasiada dificultad, puesto que los documentos llevan señalado el trámite que siguen y las personas implicadas.

La filtración de los datos fiscales de Esperanza Aguirre es un hecho muy grave. Tan grave en el fondo como otras anteriores —el caso de los ingresos de Monedero es el más evidente, pero no el único—, aunque con el agravante de que se ha producido durante una campaña electoral y, por tanto, permite inferir que obedece a motivos políticos espurios. Por eso obliga a una explicación pública no ya sólo de la Agencia Tributaria, cuya obligación evidente es buscar al autor de la filtración y aclarar sus motivos, sino también del ministro de Hacienda, que es el responsable político del funcionamiento de la Agencia.

Para acotar los límites y el daño que se deriva de la filtración de datos fiscales hay que precisar que no están en la misma categoría jurídico-política los ingresos procedentes de una actividad privada que los que se han obtenido mediante una remuneración pública. En el primer caso forman parte exclusivamente del ámbito de la privacidad y, por ello, su violación quiebra la seguridad jurídica a la que alude Aguirre. En el segundo caso, es deseable que los ciudadanos conozcan la retribución de los políticos encargados de cuidar de los intereses públicos, pero su difusión suele dejarse a la voluntad de cada servidor público. La difundida renta de Aguirre refleja estrictamente sus actividades privadas. Esa es la razón por la cual vulnera su derecho al secreto fiscal y también la que permite deducir que pretende dañar la imagen de la candidata. Que esta tropelía obedezca presuntamente a una guerra interna dentro del PP es irrelevante para juzgar la cuestión de fondo. Ahora la damnificada ha sido Esperanza Aguirre, como antes fueron otros, y mañana puede ser cualquiera. Vivimos en estado de excepción fiscal.

Tampoco es lo mismo difundir una información de la que una institución es responsable que publicarla. En el segundo caso, el medio de comunicación cumple con su tarea de informar; nada de reprochable hay en ello. Pero la Agencia Tributaria tiene un deber de custodia de la información fiscal de los contribuyentes que obra en su poder; hasta el punto de que transmitir esa información, incluso por parte del ministro de Hacienda, está considerado como falta muy grave. Son los derechos de los contribuyentes los que están en juego.

Filtrar la declaración de Aguirre causa un daño irreparable cuya intencionalidad habrá que aclarar. Pero no es un error aislado. Es un ejemplo más del carácter subsidiario de la Agencia. El ministro Montoro ha sugerido, con sus indirectas, amenazas y coacciones veladas, que dispone de información tributaria que no debería tener. Nunca ha explicado esta quiebra de la autonomía de la Agencia. La selección interesada de Rodrigo Rato como chivo expiatorio en la lista de supuestos blanqueados de dinero o el uso de las declaraciones de los contribuyentes como arma fiscal para coaccionar a discrepantes y prensa díscola indica que la Agencia se utiliza como un instrumento político; el caso Aguirre ratifica que tales temores tienen fundamento.

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