Buenos vecinos

El accidente de los espeleólogos españoles en la cordillera del Atlas —y, sobre todo, el luctuoso final de uno de los dos fallecidos, que sus compañeros achacan a la mala gestión del rescate por parte de la Gendarmería marroquí— ha vuelto a poner en evidencia que las relaciones entre España y Marruecos siguen sin tener el nivel de naturalidad que debería corresponder a dos buenos vecinos. En líneas generales, la diplomacia bilateral vive tiempos positivos. Sin embargo, cuando salta cualquier chispa se corre el riesgo de provocar un incendio, lo que lleva algunas veces a nuestros gobernantes a un exceso de prudencia o, directamente, a no presionar o pedir decisiones que sí se plantearían a otros Estados.

No se puede olvidar que la historia de ambos países ha estado salpicada de problemas, cuyas heridas, aunque cerradas, resucitan de vez en cuando y ponen en alerta a los gobernantes de un lado y otro del Estrecho. Pero las reglas de buena vecindad exigen seguir avanzando para conseguir que la confianza y la reciprocidad sean los principios básicos de la relación.

Desde los primeros años de la transición española a la democracia, el rey Juan Carlos jugó un papel fundamental para reforzar esos lazos de amistad de los que siempre se habla, gracias a sus buenas relaciones primero con el rey Hassan y luego con Mohamed. Felipe VI eligió Rabat como uno de sus primeros destinos tras ser proclamado Rey de España y todos los presidentes de Gobierno españoles han iniciado sus mandatos viajando a Marruecos. Esa relación fluida tiene, sin embargo, una raya transparente, pero real, que impide la confianza total entre vecinos.

España es la frontera sur de Europa y la puerta con África. Y Marruecos es la frontera norte de África y tiene la llave para controlar los flujos de migración ilegal procedente de los países subsaharianos. Además, es un país clave para el control del yihadismo en unos momentos en los que el mundo está amenazado, algo que han sabido agradecer durante años Estados Unidos, Francia y España. Ese poder de control sobre el radicalismo islamista no debe, sin embargo, impedir a nuestros gobernantes actuar con la autoridad que les corresponde en los asuntos importantes. Y sobre todo, no puede dar la impresión de que ante cualquier posibilidad de conflicto con el vecino del sur, callamos por lo que pueda pasar.