Un problema de Estado

La campaña de renta que empieza mañana y acaba el 30 de junio tiene como marco general la voluntad ya concretada de reducir los impuestos (IRPF y sociedades sobre todo) en las rentas de 2015, una progresión continua del fraude —no ha dejado de crecer durante la recesión— y varias modificaciones normativas que aliviarán las cargas de colectivos afectados por la crisis o por las irregularidades bancarias. Por ejemplo, se da un tratamiento fiscal favorable a los titulares de preferentes y deuda subordinada, se aplicará una exención a las ganancias obtenidas por dación en pago o en ejecución hipotecaria judicial y existirá una microamnistía fiscal a los jubilados que perciban pensiones del extranjero.

El éxito de una campaña de renta no puede medirse de inmediato. Es evidente que este año, al calor del crecimiento, habrá más declaraciones y más recaudación. Sí se puede decir que las facilidades tecnológicas para presentar la declaración son notables. No es necesario eternizarse en las ventanillas; puede hacerse por Internet con todas las garantías. Los modelos de declaración complejos se han simplificado y las delegaciones tributarias ya no son las oficinas siniestras de antaño, sino áreas donde se facilita un servicio razonable.

Pero, en la gestión tributaria persiste una tendencia en la comunicación con los contribuyentes que Hacienda no acierta a corregir. Con frecuencia se insta al declarante a entregar con prisas su declaración, sobre todo cuando tiene derecho a devolución, aunque no se le haya informado con detalle de deducciones a las que tiene derecho. Es el caso de la posibilidad de simultanear una deducción por alquiler y por vivienda habitual o algunos supuestos de desgravación por pago de alimentos a los hijos en las personas separadas.

Pero a lo que invita de verdad la campaña de renta es a reflexionar sobre la estructura fiscal adecuada para la sociedad española. La última reforma tributaria se ha limitado a bajar los impuestos directos con una vocación claramente electoralista, pero no ofrece respuestas satisfactorias a los dos grandes problemas fiscales del país. El primero es que no existe un cálculo de cuál es el coste del Estado de bienestar al que pueden aspirar los ciudadanos y cuál es la carga impositiva que, distribuida de forma proporcional, se necesita para financiarlo. Hay margen para una reforma tributaria que en conjunto no suba los impuestos, pero que consiga aumentar la recaudación (por ejemplo, en sociedades o eliminando desgravaciones en varios tributos).

El segundo problema grave es el fraude. El Gobierno hace relativamente poco para combatirlo, tan poco como todos los Ejecutivos desde 1996. La economía sumergida supera el 24,5% del PIB. Tan solo el afloramiento anual del 10% de las bases imponibles ocultas bastaría para corregir en tres años casi todos los desajustes de financiación social. Pero para ello hay que considerarlo como un problema de Estado y orientar los recursos a descubrir a los grandes defraudadores, en lugar de limitarse a perseguir las faltas de los asalariados.