Acabar con la confusión

La exigencia de mayor control sobre la clase política y que se acabe con el puerto de Arrebatacapas de la corrupción ha llevado a acentuar el derecho a la transparencia y la limpieza en el uso de fondos públicos. En fase electoral toca a los partidos buscar cómo articular esa exigencia con la posibilidad de tener en las listas electorales a personas sometidas a una investigación judicial.

Estamos ante una colisión de derechos, porque la presunción constitucional de inocencia —mientras no haya sentencia condenatoria— resulta incompatible con la exclusión de personas de la vida pública por simples sospechas. Sobre todo cuando la figura jurídica de la imputación es muy confusa. Legalmente se aplica tanto a la formalización de hechos punibles como a la convocatoria a declarar ante un juez asistido de abogado. En ese estadio no suele existir aún acusación alguna; por lo tanto, atribuirle la condición de preculpable puede considerarse un abuso en toda regla.

El expresidente Felipe González ha abierto oportunamente ese debate. En su entrevista de este domingo en EL PAÍS sostuvo que echar a todos los imputados de las listas electorales es un error. En la vida pública se ha introducido la idea de una responsabilidad que alcanza al político desde los primeros indicios de conducta irregular o punible. Cada partido administrará eso como quiera, pero resulta muy discutible que la decisión de un juez instructor sobre la imputación de alguien baste para llevar a la muerte civil al afectado. Se pueden cometer muchas injusticias anticipando la condena de personas a las que nadie reparará el honor perdido si resultaran absueltas.

A este respecto, es positivo que el Gobierno modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que el imputado sea un investigado en las primeras fases de la causa, y que pase a encausado solo cuando se hayan concretado hechos punibles contra él que merezcan juicio. La reforma ayudará a matizar entre situaciones muy diferentes.

Decidir quién puede ser elegido da mucho poder a las direcciones de los partidos, dada la estructura de candidaturas cerradas y bloqueadas. Con frecuencia se usa ese poder para excluir al disidente y premiar al fiel. Eso representa en sí mismo un abuso, pero también lo es emplear confusas imputaciones judiciales como otra forma de excluir. Hay que romper esa ley de hierro y avanzar hacia un sistema de listas abiertas —como ha propuesto el secretario general del PSOE— que den más capacidad a los electores para decidir por sí mismos.

La inquietud por la corrupción se ha incrustado de tal modo en el día a día que los partidos no saben cómo responder a sus consecuencias. Pero deben tener claro que las prácticas deshonestas en que han incurrido algunos no se lavan con sobreactuaciones de cara a la galería. Tampoco es admisible que sean los jueces quienes acaben decidiendo la composición de las listas electorales. Lo que hay que hacer es trabajar en serio para yugular los mecanismos de la corrupción, como esperan los ciudadanos que se haga tras los reiterados abusos cometidos en el pasado.