Carburantes a la baja

El descenso de los precios de los carburantes que puede apreciarse en los surtidores españoles se debe sobre todo a la caída de los precios del crudo y de las gasolinas en los mercados internacionales. Puede decirse que estamos ante un abaratamiento coyuntural; los precios se mantendrán bajos mientras el barril de petróleo y la cotización de las gasolinas en los mercados sigan en los niveles actuales. Pero lo más probable es que la demanda mundial de crudo se recupere a corto plazo —por la bajada de las temperaturas, por el repunte del crecimiento en algunos países no productores o por la caída de la oferta—, en cuyo caso volverá el alza de los precios.

La mejor manera de controlar los precios de los carburantes es aumentar la competencia. La situación objetiva del mercado español de combustibles presenta un dominio de dos o tres grandes compañías sobre las que pesan sospechas (nunca suficientemente disipadas) de colusión de precios. Los estudios elaborados por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) demuestran que, en la práctica, aparecen zonas de precios más bajos en torno a centros comerciales que ofrecen la gasolina y el gasóleo a precios ventajosos (con descuentos) a los clientes. Este es el fenómeno que se está intensificando en las últimas semanas. Varios hipermercados suministran gasolina en torno al euro por litro y el gasóleo a 0,98 euros; utilizan los carburantes como productos-cebo para atraer a potenciales compradores; en sus áreas de influencia, las gasolineras convencionales tienen que abaratar también la gasolina y el gasóleo.

El precio de los carburantes ha caído hasta aproximadamente los niveles de 2010. Es una buena noticia para el consumidor. No obstante, hay que precisar que los precios deberían mantenerse en niveles razonables (entendiendo por tales los calculados según la regla de precios máximos, vigentes antes de la libertad total de precios) también cuando no se produzcan caídas bruscas en el precio de las materias primas, sino por el efecto de la competencia de las distribuidoras y las estaciones en un mercado competitivo.

Este es precisamente el tipo de mercado que no existe en España y que, junto con el de otros tipos de energía (como la eléctrica, por ejemplo), merecería una reforma que, en este caso sí, podría calificarse con justicia de estructural. Porque el coste de la energía que se incorpora a cada unidad de producto fabricada en España es notablemente superior al europeo.