Biólogo a bordo, pesca sostenible

"Solamente podremos adoptar aquellas medidas de gestión (pesquera) que vengan previamente avaladas por el conocimiento científico de los recursos". El secretario general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), Andrés Hermida, pronunció estas palabras en el II Congreso de Sostenibilidad Social y Económica del Sector Pesquero que se celebró en A Coruña el 4 de noviembre. La reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que concluyó en Génova, Italia, el 17 de noviembre, también puso de relieve una vez más la importancia de contar con sólidos criterios científicos, incluidos los que aportan observadores a bordo de buques, a la hora de prohibir, recortar o abrir pesquerías.

“El éxito de tener en cuenta el asesoramiento científico se vio reflejado en las alentadoras señales que ha mostrado el stock de atún rojo, en particular el del Atlántico este y Mediterráneo, durante la última actualización de la evaluación, y la Comisión ha hecho gala de prudencia al asignar un total admisible de captura (TAC) dentro de los límites establecidos por su comité científico”. En esta decisión de la ICCAT, que indigna a la patronal pesquera y satisface moderadamente a los ecologistas, ha contado mucho la información de esos observadores a bordo de grandes pesqueros. La embarcación de biólogos es una de las herramientas más directas con las que cuentan las organizaciones regionales de pesca (la ICCAT es una de ellas) para calibrar el estado de determinadas especies y pesquerías.

Por recomendación de estas organizaciones, por decisiones voluntarias de las compañías pesqueras o por obligación en períodos y zonas vedadas, las principales flotas mundiales cuentan con observadores a bordo, incluida la española, que pasa por ser una de las más comprometidas y avanzadas en este campo. Jacobo Marrero, investigador de la Universidad de La Laguna y miembro de la Asociación Tonina, centrada en la investigación y divulgación del medio natural marino, ha participado en varias campañas del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de seguimiento de pesquerías a bordo de grandes atuneros. “A no ser que estemos en época de veda, los observadores nos limitamos a recoger datos; no tenemos autoridad para decirle a un patrón o a un pescador que eso no se puede capturar, más allá de plantear una recomendación con mucha mano izquierda”, aclara como punto de partida Marrero.

Esa recogida de datos incluye la verificación de que las faenas en altamar se realizan de acuerdo con las resoluciones adoptadas por cada organización regional de pesca y, en su caso, la certificación de las buenas prácticas pesqueras realizadas. Estadística de capturas y esfuerzos de la flota que faena en cada área estudiada; composición por tallas y edades de las principales especies capturadas; capturas de las especies no objetivo y los descartes; estudios biológicos de fecundidad, crecimiento, alimentación… Todo lo anterior está contemplado en manuales elaborados por el IEO y forma parte del trabajo más fino que cada observador carga en su equipaje tras pasar entre dos y cinco meses en altamar.

Los datos que se recogen sirven para prohibir, recortar o abrir pesquerías

Jacobo Marrero reconoce que se avanza, “aunque ligeramente”, en la concienciación de la flota y los pescadores sobre su presencia y labor: “La mayoría ya entiende que no somos el enemigo a bordo y que incluso les podemos defender ante acusaciones de pesca desmedida o captura de tortugas y tiburones en el caso de los atuneros”. Marrero embarcó como investigador del IEO en atuneros del Grupo Calvo dentro de un programa voluntario de observadores a bordo de esta compañía. “La recolección de datos en el mar es una de las mejores inversiones que una compañía armadora puede hacer”, afirma Alma Román, gerente de Responsabilidad Social del grupo. Recalca Román que “el embarque de observadores científicos independientes es una pieza crucial, por el valor científico de los datos que proporcionan, que alimentan mejores decisiones de gestión, y porque garantizan la aplicación de las mejores prácticas pesqueras con las que Grupo Calvo, y por lo tanto su tripulación, se ha comprometido”.

En España, Echebastar, otra compañía cuya flota pesca atún en aguas tropicales, cuenta igualmente con un programa de observadores a bordo y está dando el paso para certificar su actividad con el sello de sostenibilidad MSC (Marine Stewardship Council). Según Carlos Montero, responsable de Pesquerías de MSC para España y Portugal, “nosotros no exigimos el requisito de que haya observadores a bordo, pero dentro de los estándares figura la calidad de la información de las pesquerías. Cuando se aplica una auditoría y se detecta que hay debilidad en este punto la empresa propone cómo lo va a mejorar, y entre las propuestas está el embarque de observadores”.

Aparte de los acuerdos voluntarios de compañías como Grupo Calvo y Echebastar, la patronal del sector, Cepesca, también lleva a cabo medidas proactivas de seguimiento científico y en directo de las capturas. Como ejemplo, junto a la Fundación Biodiversidad, entidad que gestiona varios programas de fomento de la pesca sostenible, emprendieron este mismo año una campaña experimental con observadores a bordo para la mejora de la sostenibilidad de la flota de arrastre del Mediterráneo, que captura principalmente salmonete, merluza y gamba roja.

La flota española pasa por ser una de las más comprometidas y avanzadas

Raúl García, responsable de Pesquerías de WWF/España, considera que “aunque no hay que cejar en la investigación y en dar continuidad a las campañas de observación a bordo, gracias a ella ya tenemos la información suficiente, sobre todo en España, para tomar más decisiones en el ámbito de la pesca sostenible, pero no se hace por temor a perder competitividad”. García incide en limitar la capacidad de pesca en algunos casos, ámbito en el que Greenpeace levantó una airada reacción de la patronal tras publicar su informe sobre los 20 “barcos de pesca monstruosos” que según la organización contribuyen a esquilmar nuestros mares, entre los que se encuentran cinco buques españoles.

Los investigadores que son contratados por el IEO o centros de investigación privados como AZTI a través de convenios con la Secretaría General de Pesca del Magrama, también reclaman una mayor continuidad en su trabajo y una formación más homogénea. Alertan igualmente sobre la sobreexplotación de algunos caladeros y la deriva peligrosamente negativa de especies como el pez espada y algunos tiburones. Y no faltan las quejas de índole laboral en un panorama de recortes: se cotiza por ellos a la Seguridad Social como si fueran trabajadores en tierra, sin contar con el riesgo que supone faenar en altamar, y hay intención de sustituirlos por cámaras que recojan la actividad pesquera. “Sería un error, porque aunque esa información quede encriptada y no se pueda ver hasta llegar a su destino, la presencia física garantiza la elaboración de informes más fiables y completos sobre conductas y artes de pesca que no puede captar una cámara”, apunta Raúl García.