Urgente: un nuevo marco fiscal internacional

Seis años después del comienzo de la crisis, muchos países avanzados continúan sufriendo elevadas cifras de desempleo, un crecimiento anémico y debilidad en sus finanzas públicas. En los mercados emergentes, el crecimiento también se está desacelerando.

Mientras tanto, el deterioro del sistema tributario internacional ha permitido a las multinacionales eludir el pago del impuesto sobre sociedades. Asimismo, el secreto bancario ha posibilitado que los particulares oculten fondos no declarados y libres de tributación en recónditos rincones del mundo.

Tales prácticas erosionan la integridad de nuestros sistemas tributarios, debilitan la capacidad de nuestros Gobiernos, reducen el crecimiento económico y menoscaban la confianza de los ciudadanos, que representan la inmensa mayoría de los contribuyentes. La forma de recaudar e invertir los impuestos constituye uno de los instrumentos más importantes para abordar las desigualdades sociales, financiar la educación, las infraestructuras y otros servicios públicos, así como fomentar la inversión en innovación.

La OCDE ha contribuido a situar el sistema tributario internacional en el primer plano de la agenda política internacional. Nuestra labor se ha visto avalada por el G-20, cuyo liderazgo es digno de elogio y reconocimiento por atribuir máxima prioridad a poner fin a los paraísos fiscales y por admitir que un marco fiscal internacional establecido hace 100 años ya no es idóneo para los fines que persigue.

Cuarenta y cuatro países, incluidos los integrantes del G-20, que representan casi el 90% de la economía mundial, han encomendado a la OCDE que investigue formas de resolver esta situación. Nuestro proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) tiene por objetivo garantizar que las normas que regulan esos sistemas sean transparentes y que las multinacionales no puedan aprovechar las lagunas existentes entre las leyes tributarias nacionales ni desplazar artificialmente beneficios a jurisdicciones con un bajo nivel impositivo en las que no ejercen actividades económicas reales.

Hay que adoptar cambios que exigen decisiones difíciles y audacia política

Estamos avanzando rápidamente. Los primeros resultados de nuestro proyecto BEPS fueron publicados en septiembre y tenemos previsto presentar el paquete final de medidas dentro de un año. Estas iniciativas neutralizarán las “cajas de caudales” que las empresas utilizan para mantener en paraísos fiscales billones de dólares de beneficios libres de impuestos. Garantizarán asimismo que las patent boxes (incentivos fiscales ligados a la cesión de propiedad intelectual) no puedan ser utilizadas a fin de trasladar beneficios a países en los que no se ejercen actividades significativas para generar dichos beneficios. También los países han empezado a tomar medidas: Irlanda pondrá fin a los sistemas de planificación fiscal double-Irish (articulados mediante la interposición de dos sociedades irlandesas) y los Países Bajos renegociarán sus convenios tributarios con los países en desarrollo al objeto de garantizar que las multinacionales no puedan utilizarlos abusivamente para evadir impuestos. Asimismo, la Comisión Europea ha iniciado investigaciones de amplio alcance sobre ayudas de Estado por determinadas prácticas de sus Estados miembros que podrían infringir la legislación de la Unión Europea.

Hemos asistido también a un cambio radical en materia de transparencia fiscal desde 2009, cuando el secreto bancario estricto era aún la norma en muchos países. El Foro Global sobre la Transparencia y el Intercambio de Información con Fines Fiscales cuenta actualmente con más de 120 miembros. El Foro ha asignado entre sus miembros más de 70 calificaciones de “Conformes” y más de 500 de sus recomendaciones han propiciado modificaciones de las leyes y prácticas que mejorarán la transparencia fiscal a escala mundial.

El próximo gran objetivo consiste en implantar el Intercambio Automático de Información (AEOI). Hemos desarrollado un nuevo estándar mundial en estrecha cooperación con los países del G-20 y hasta ahora 93 jurisdicciones se han comprometido a introducir ese intercambio automático para 2017 o 2018. Sólo en el último mes, 51 países y jurisdicciones dieron en Berlín el primer paso hacia la introducción de dicho intercambio automático firmando un acuerdo multilateral. Luxemburgo, Suiza, Singapur y otros muchos centros financieros ya participan, y otros les seguirán. Este sólido estándar permitirá a las autoridades hacer un seguimiento de los ingresos y los activos en el exterior. Estas iniciativas se están revelando fructíferas. Desde el año 2009, las declaraciones fiscales presentadas voluntariamente por evasores de impuestos han generado ya una recaudación adicional por importe de 37.000 millones de euros para los países de la OCDE y del G-20.

Hemos asistido también a un cambio radical en materia de transparencia fiscal desde 2009

La extensión de los beneficios de estos cambios a los países en desarrollo es una prioridad de primer nivel. Estos países han apostado con fuerza por esta iniciativa, pero carecen de los recursos para acometerla por sus propios medios. La OCDE les está ofreciendo una participación plena en la articulación de los nuevos estándares. Algunos de nuestros proyectos, como Inspectores Fiscales sin Fronteras, están ideados específicamente para ayudar a los países en desarrollo a prevenir la erosión de sus bases imponibles y las salidas ilícitas de ingresos a través de la evasión fiscal.

Ahora es el momento de que los Gobiernos tomen medidas en el marco de una iniciativa internacional concertada. Los beneficios de las compañías deben estar basados en el coste real de los productos y servicios producidos, y no en refinados y distorsionadores acuerdos fiscales que favorecen a las multinacionales en detrimento de las empresas nacionales. Son demasiadas las multinacionales que consiguen pagar tan sólo un 1%-2% de sus beneficios mundiales, y en algunos casos nada en absoluto.

Replantear el sistema tributario mundial y sus prácticas resulta fundamental para alcanzar un crecimiento más sólido, saneado y equitativo en el mundo posterior a la crisis. Lo que suceda en los próximos 12 meses, empezando por la Cumbre del G-20 en Brisbane, será crucial para el éxito o el fracaso de esta empresa. La introducción de cambios históricos supone adoptar decisiones difíciles y exige audacia política. En las circunstancias actuales, no bastarán medidas menos ambiciosas.

 Ángel Gurría es  secretario general de la OCDE.