Sobre la Ley de Propiedad Intelectual

España pagará muy cara la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que se aprobó el pasado jueves. La nueva ley es un semillero de pleitos interminables porque su interpretación es misión casi imposible. Ni con buenos profesores de lengua, un español medio puede analizar gramaticalmente las frases injertadas en el nuevo artículo 32.2 y los juristas expertos son incapaces de explicar la inserción del avispero de los agregadores de contenidos y de los buscadores junto a la cita científica y a la ilustración docente.

Además, el Gobierno considera que las multinacionales con ventas multimillonarias de materiales y equipos de reproducción y copia privada de contenidos protegidos tienen un interés digno de mayor tutela que los autores, los titulares de derechos y los consumidores. Por eso, en España deben pagar todos los contribuyentes lo que en la Unión Europea pagan las empresas de copia. Este dislate, que ha llamado la atención del Tribunal Supremo, convierte a España en una península bananera, pues se requisa la propiedad privada a los pequeños particulares (creadores) para ayudar a las multinacionales, dispensándolas de un gasto que hasta 2011 asumían como el resto de Europa. Da miedo averiguar cuál sea la verdadera finalidad de la norma y la del legislador.

La mayoría de países desarrollados que respetan los derechos humanos tienen un alto nivel de protección de la propiedad intelectual, y esto acarrea un mayor nivel educativo. La falta de una sólida educación musical equiparable a la europea hace que los escolares españoles fracasen en matemáticas y que los adultos no sepan escuchar ni hablar sin chillar. La ignorancia o la soberbia de los responsables de esta reforma nos costará muy caro: el abismo de los informes PISA se agrandará con Finlandia, la investigación universitaria se frenará y los creadores tendrán difícil vivir de sus obras y creaciones, aunque las use todo el mundo.— José Miguel Rodríguez. Madrid.