Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
EL ACENTO

Un tribunal del pasado

Se necesita un órgano técnico e independiente para fiscalizar a la Administración

Un tribunal del pasado

Anécdota: “Relato breve de un hecho curioso”, “suceso circunstancial o irrelevante”, según la Real Academia. No es nada anecdótico que un opositor haya sido capaz de adivinar los nombres de 12 de las 14 personas que iban a ser aprobadas en una oposición a auxiliares y subalternos del Tribunal de Cuentas, como ha contado este periódico. O que se rechace de subalterno a quien saca la segunda mejor nota en oposiciones a técnico de Hacienda. Estos hechos cuentan mucho de una institución de la que ya sabíamos que tiene ocupados más de un centenar de sus 700 puestos de trabajo por familiares y/o allegados de altos cargos y de representantes sindicales.

Su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ha pensado algunas medidas correctoras. Por ejemplo, cambiar la composición de los jurados encargados de examinar a los aspirantes a la plantilla del tribunal, de modo que en su mayoría sean externos: cabe suponer a los de fuera menos condicionados que a los de dentro.

La corrección puede ser necesaria, pero insuficiente. El Tribunal de Cuentas tiene un problema de credibilidad perdida. Debería gozar de una absoluta independencia y estar obligado a efectuar un trabajo transparente, pero ha sido conducido a la decadencia por intereses políticos.

El problema es doble. Por una parte se coarta la independencia de la institución, cuyos miembros emanan de negociaciones entre partidos marcadas por la pelea por cuotas de influencia, más que por la búsqueda de los mejores auditores posibles.

Y, por otra, se ha permitido un sistema interno en gran parte nepotista, donde familiares y amigos han gozado de considerables posibilidades de hacerse con las vacantes en los puestos de trabajo de la institución.

El Tribunal de Cuentas no es nada anecdótico, porque se trata del fiscalizador de las Administraciones públicas de España, incluidos los partidos políticos —de los que a la postre depende, al menos de los más importantes—. Lo que se va sabiendo recuerda menos a órganos de auditoría modernos que a burocracias del pasado. Hace falta un tribunal mucho más técnico e independiente.

 

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.