Los niños de México, sujetos de derechos

El año 2013 concluyó con un saldo importante de reformas en áreas estratégicas para el presente y el futuro de México, pero será este 2014 el decisivo para lograr la consolidación efectiva de este proceso de cambio en el país.

Ya desde 2011, México había emprendido reformas muy significativas en materia de derechos humanos, con un énfasis importante en los de la infancia y la adolescencia. En este sentido, la elevación a rango constitucional del interés superior de la niñez como principio rector de la actuación del Estado cobra una relevancia indudable en el contexto de las demás reformas.

Esta relevancia es mayor si consideramos que México cuenta con una importante población infantil de más de 40 millones de niñas y niños —el 35% del total— de los cuales 21 millones viven en situación de pobreza y más de cinco millones en la pobreza extrema.

Así, las reformas en materia educativa, fiscal, de las telecomunicaciones y del sector energético, por citar las más emblemáticas aprobadas recientemente, deben ser vistas también bajo el prisma del interés superior de los niños. Tendrán que considerar cuál será su impacto sobre la infancia y la adolescencia, en qué medida van a beneficiarles o afectarles en el horizonte inmediato y en el largo plazo. Y si contribuirán a generar las condiciones sociales, económicas y políticas que permitan revertir la desigualdad que actualmente obstaculiza el cumplimiento universal e integral de sus derechos.

Algunas de estas reformas se lograron a través de amplios consensos políticos, mientras que otras, por su peso simbólico y trascendencia para el futuro de México, han generado una amplia polarización entre partidos y movimientos sociales. No obstante, los planteamientos son ya ley vigente y su entrada en vigor representa una oportunidad histórica cuyo potencial de capitalización dependerá de que la regulación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que de ellas se desprendan. Es importante que se realicen con una clara directriz de equidad y bajo un marco deliberado de respeto y promoción de los derechos humanos.

Es en esta fase, en la efectiva ejecución de las reformas y en su impacto redistributivo, donde pueden lograrse consensos en beneficio de la población mexicana, en especial de los niños, niñas y adolescentes, en cumplimiento del precepto constitucional del interés superior.

A este respecto, el hecho de que México se haya comprometido a adoptar como principio rector el interés superior del niño significa que en todas sus decisiones y actuaciones se garantice de manera plena los derechos de la niñez. Lo que influirá en todas las políticas del Estado mexicano, mucho más allá de aquellas típicamente asociadas con la infancia, como son la salud, la educación o la asistencia social. La política económica y fiscal tienen repercusiones innegables en la infancia y mientras no haya una mayor sinergia entre ambas, que detone crecimiento económico y mayor cohesión social, la pobreza, que afecta a niños, niñas y adolescentes, sobre todo indígenas, va a mantenerse.

En el caso específico de la reforma energética, esta puede ser una oportunidad histórica para el desarrollo y para superar desigualdades sociales, como muestra la experiencia de diferentes países. México podría beneficiarse de prácticas exitosas a nivel internacional de constitución de fondos soberanos, fondos de equidad intergeneracional y previsión de agotamiento de recursos naturales garantizando de esta manera que futuras generaciones disfruten de esta riqueza.

Para revertir la desigualdad existente, que afecta particularmente a los menores, es importante que el gasto público, en particular el social, se oriente de manera focalizada a los grupos de la población que enfrentan las mayores desventajas para ejercer plenamente sus derechos y sea más eficaz y transparente. A este respecto, no debe desconocerse que la inversión en la infancia es crucial para el desarrollo económico, la cohesión social y la consolidación democrática de México, y que dicha inversión comienza y se vuelve más rentable cuando se apuesta por la primera infancia.

Ante esta coyuntura, México tiene ante sí el reto de lograr que este proceso de reformas se convierta efectivamente en una oportunidad de crecimiento y generación de “empleos decentes”, en términos definidos por la OIT. Con ello, debe producirse un incremento de ingresos fiscales para la implementación de políticas redistributivas que tengan un verdadero impacto en la superación de la pobreza y la desigualdad.

Pero no sólo eso, se requiere además un cambio en la percepción que se tiene de la infancia: un cambio cultural que deje de ver a los niños como objeto de protección y los reconozca —actuando en consecuencia— como sujetos plenos de derechos.

Isabel Crowley es representante de UNICEF en México