Cuentas claras (o casi)

El debate soberanista en Cataluña ha convertido a las llamadas balanzas fiscales —diferencia entre lo que los habitantes de una Comunidad pagan por impuestos y los servicios públicos que reciben— en un instrumento de enconada controversia, inadecuada para una discusión templada sobre la financiación autonómica. Primero fue objeto de disputa el aireado (por los nacionalistas) déficit fiscal catalán; después, la discusión se ha extendido hacia los métodos para calcular los saldos fiscales. Como las posiciones nacionalistas tienden a ser irreductibles —en cuanto que sólo admiten una cuantía del déficit igual o superior a la que ellos calculan— el debate fiscal corre el riesgo de eternizarse, y los esfuerzos por ofrecer un cálculo básico sobre el que negociar parecen destinados a la melancolía.

Las cuentas territorializadas que ayer presentaron expertos designados por Hacienda exponen algunas conclusiones que deberían ser motivo de reflexión, dejando a un lado cualquier prejuicio. No se trata tanto de que el supuesto e irredento déficit fiscal catalán en 2011 sea de 8.455 millones (bastante inferior a los 15.000 millones que reclama la Generalitat) o que Madrid, como en otros informes anteriores, sea la autonomía con mayor déficit (16.700 millones), o que Valencia y Baleares también presenten desequilibrios elevados en su contra. La discusión no debe hacerse sobre cantidades (que pueden variar según los métodos de cálculo) sino sobre conceptos de financiación.

En ese sentido, el estudio presentado ayer ofrece un avance metodológico notable: ordenar los gastos e ingresos públicos en partidas homogéneas, en función de que afecten a todos los ciudadanos o sólo a los de una zona determinada. Y una conclusión decisiva para el entendimiento político: las dos terceras partes de los déficit fiscales se explican porque las regiones implicadas disponen de una renta superior.

Y es una conclusión plausible, puesto que el déficit fiscal de una autonomía es la consecuencia lógica de que tiene superávit comercial o de capitales con el resto de las comunidades. Por esa razón, las balanzas o cuentas territorializadas no son el instrumento adecuado para medir agravios políticos o económicos, siempre y cuando se acepte el principio tributario democrático de que todos los ciudadanos pagan impuestos iguales por rentas iguales.

Si el informe tiene razón, y no hay motivo para discutir sus criterios (aunque el presidente de la Generalitat se ha apresurado a exponer sus sospechas por el método de cálculo), el agravio autonómico (desigualdad en la prestación de servicios públicos) podría cuantificarse en un tercio de los saldos fiscales, es decir, aproximadamente el 1% del PIB. Eso significa que sería conveniente reformar el sistema de financiación autonómica (incluyendo ajustes en los regímenes de Euskadi y Navarra) para atender al principio de igualdad de los ciudadanos con independencia del territorio en que vivan. Pero en ningún caso puede esgrimirse ese supuesto agravio como causa o motivo de pulsiones independentistas.