Una reforma ‘excesiva’

En los próximos dos años la fiscalidad de las rentas del trabajo, el capital y los beneficios empresariales va a sufrir cambios de cierta envergadura. El Gobierno libró la semana pasada los detalles de la reforma fiscal esperada desde que el Informe Lagaresviese la luz hace tres meses y, como dijera el propio profesor Lagares refiriéndose al trabajo de su grupo de expertos, “no ha dejado títere con cabeza”. Ya en su momento me pareció que esta expresión declaraba una voluntad de exhaustividad, más que un afán de simplificación. Creo que esto es lo que ha pasado también ahora sin que, por otra parte, haya demasiado parecido entre lo que proponía el grupo de expertos y lo que ha acabado haciendo el Gobierno. Es digno de mencionar también que la reforma no incorpora, salvo de manera testimonial, las recomendaciones de la Comisión Europea acerca de la subida del IVA.

El Gobierno, en general, hace una propuesta que aliviará de manera relevante la carga fiscal de muchos contribuyentes especialmente afectados por la crisis, mejorará el tratamiento de las rentas del ahorro y los beneficios de las empresas más necesitadas de un tratamiento de este tipo y estimulará la actividad. El mismo anticipo de estos efectos resultará, probablemente, beneficioso para la economía de manera inmediata. Pero para lograr estos resultados, se embarca en un sinfín de alteraciones de las figuras fiscales, muchas de ellas insignificantes o inoportunas, y demuestra el consabido celo preelectoral del que no logra librarse ningún Gobierno en este país.

En el IRPF se produce una reducción de tramos de la tarifa (de 7 a 5) y también una reducción de tipos marginales, repartida entre 2015 y 2016. Baja el primer tramo de la tarifa a los 12.450 euros y se establece el máximo del cuarto tramo en 66.000 euros. Esta organización de los tramos de la tarifa beneficia considerablemente a los contribuyentes más pequeños, pero también a los más grandes, dejando al grueso de contribuyentes medios con una mejora sensiblemente menor. Mejoras que, en ningún caso, revierten a la situación de 2011. Pero esto no debería ni extrañarnos ni enfurecernos. No parece que todavía podamos permitirnos un cambio fiscal de esa envergadura. Como tampoco parece que debamos extremarnos en un mejor trato posible a los grandes contribuyentes en estos momentos, como hace esta reforma.

Carece de justificación que el alquiler no este mejor tratado fiscalmente que la propiedad

La reforma del IRPF trae consigo también una mejora de las deducciones generales y familiares (hijos a cargo o familiares dependientes o con discapacidad), del tratamiento fiscal de las rentas del ahorro y homogeneiza el tratamiento de la vivienda en alquiler con el de la vivienda en propiedad. Está bien, pero hubiera estado mejor que la mejora en las deducciones familiares y personales fuese más selectiva en función del nivel económico del contribuyente, por las razones antedichas. O que la mejora del ahorro, traducida por ejemplo en las deducciones de una parte de los rendimientos de la nueva categoría de depósitos o seguros de ahorro a 5 años (ilíquidos en ese plazo), se hubiese reservado a verdaderos productos de ahorro previsional a largo plazo, cuya fiscalidad, sin embargo, empeora marginalmente.

Difícilmente se justifica, por otra parte, el que el alquiler, después de la que nos ha caído, no siga estando mejor tratado fiscalmente que la propiedad, aunque sea a costa de reducir adicionalmente los favores fiscales a esta última modalidad de tenencia para no incurrir en mayores beneficios fiscales que no nos podemos permitir.

En lo que se refiere al IVA, debe aplaudirse el nuevo criterio de que los “servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión y televisión y de las prestaciones de servicios efectuadas por vía electrónica” prestados a los consumidores finales pasen a tributar en el país en que son consumidos. Además, pasan a tributar al tipo ordinario (el 21%) los productos sanitarios que no estén directamente destinados a su uso por personas con deficiencias de algún tipo. Pero, como comentaba anteriormente, el Gobierno hace caso omiso de las recomendaciones de los organismos internacionales y se expone a que estos le hagan recordatorios recurrentes en los momentos más inoportunos, que no faltarán en el próximo año.

Las empresas no financieras verán reducido el tipo del impuesto de sociedades al 25% en 2016 y las pymes podrán reducirlo hasta prácticamente el 20% acogiéndose a determinadas condiciones. Se preserva pues la capacidad recaudatoria en el caso de las entidades financieras, un gesto quizá hacia el tendido popular que achaca a estas entidades su sufrimiento, que sin embargo se compensa con el mejor tratamiento fiscal a los depósitos fijos a 5 años.

Por último, en cuanto al contenido de la reforma referido a la lucha contra el fraude, no faltando medidas aquí y allá en la propuesta del Gobierno, se echa en falta un ataque frontal de la reforma contra esta verdadera plaga de nuestro sistema fiscal y una de las máximas prioridades de todo Gobierno y de la sociedad en su conjunto.

La estimación del Gobierno de que la rebaja del IRPF dará lugar a un incremento del PIB del 0,55% en el bienio 2015-2016 es verosímil, debido al estímulo a la demanda interna que implica. Ese aumento significa, a su vez, un aumento de la base imponible de los diferentes impuestos que podría rendir un retorno fiscal de alrededor de 2.000 millones de euros, lo que no es mala compensación para la factura fiscal de la reforma, estimada como se ha comentado en los 9.000 millones.

Se echa en falta un ataque frontal contra el fraude, la verdadera plaga de nuestro sistema

Valorando técnicamente los diferentes elementos de esta reforma fiscal, puede concluirse que junto a cambios necesarios y más que oportunos, como la rebaja de la factura fiscal de los contribuyentes más castigados por la crisis, el Gobierno ha introducido modificaciones innecesarias e inoportunas en estos momentos que no facilitarán el cumplimiento de los objetivos de la consolidación en la que todavía, no se olvide, nos encontramos plenamente inmersos. En materia de consolidación, apenas hemos cubierto la mitad del trayecto establecido para el objetivo de déficit. Este trayecto es innegociable en lo que se refiere al punto de llegada, aunque, como se ha visto en el pasado, siempre caben revisiones de plazos.

Pero, más allá de los aspectos técnicos, la valoración que puede hacerse en el contexto preelectoral en el que inevitablemente se sitúa esta reforma lleva una vez más a lamentar la excesiva dependencia que todos los Gobiernos españoles sufren al respecto. No hace falta llegar al extremo cinismo de don Enrique Tierno Galván, aduciendo que “las promesas están para no cumplirlas”, para decir a los contribuyentes que no todos podrán beneficiarse de la rebaja de los tipos marginales en 2015 porque la situación no lo permite, por más que la estrategia electoralista lo aconseje.

No mantener en este caso, con vistas a los contribuyentes de mayor capacidad, la promesa de revertir el aumento de tipos que se hizo en el pasado es un acto de coherencia con una consolidación que todavía no está finalizada y cuya resolución favorable será la mejor noticia que podamos dar a los hogares, las empresas y los mercados, además de a las autoridades comunitarias.

Además de un acto de coherencia económica, es una interpretación que habría que explicar, cuidadosamente, a la sociedad. Los pequeños contribuyentes han sufrido desproporcionadamente con esta crisis, han visto hundirse sus empleos o empresas, han visto sus hogares pasando necesidades severas. Han sido excluidos incluso del sistema fiscal.

Cualquier margen que vaya abriendo la recuperación debe distribuirse sabiamente en consolidar dicha recuperación y compensar en la medida de lo posible a los que más han sufrido con la crisis. Afortunadamente, ni el Gobierno ni la sociedad española han caído en la tentación populista de elevar un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas (que bien poco se han conmovido a lo largo de la crisis); pero revertir a estos contribuyentes ahora una parte de ese margen no es oportuno. Hoy, el mejor impuesto a los grandes contribuyentes es dejar el IRPF que les afecta como está. Hasta nueva orden.

Por todo ello, me parece que esta reforma es excesiva en el detalle con el que aborda tantas figuras fiscales diferentes. Creo que su eficacia, eficiencia y virtud distributiva, estando presentes en el proyecto del Gobierno, podrían haberse visto reforzadas mediante una propuesta más simple, enfocada en la poca redistribución que podemos permitirnos en estos momentos y declarativa de una inquebrantable voluntad de acabar con el fraude fiscal aportando más palancas decisivas para ello.

José A. Herce es profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y director asociado de Afi.