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EDITORIAL

Tribunal surrealista

El Parlamento tiene que investigar y rehacer el órgano que controla las cuentas públicas

La fluidez con que se desarrollan los fenómenos de amiguismo y nepotismo en España no debe llevarnos a restar importancia a la cota alcanzada por el Tribunal de Cuentas, que a veces parece una agencia de colocación de familiares de cargos, antiguos altos cargos y sindicalistas con relevancia interna, según la investigación publicada por EL PAÍS. Que 100 de sus 700 empleados tengan vínculos de ese tipo puede que no sea ilegal, pero constituye un elocuente resultado de las oposiciones “libres y abiertas” con que, oficialmente, se cubren las plazas disponibles.

El Tribunal de Cuentas, que es ajeno a la justicia, es el órgano que lleva a cabo la fiscalización de los miles de millones de euros gastados por la Administración. Sus doce consejeros son designados a propuesta de los partidos políticos, sobre todo los que han venido alternándose en el poder del Estado. Y su soporte técnico son los empleados con los que cuenta, respecto de los cuales el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, niega irregularidades en la contratación y asegura que el sistema de oposición para acceder al mismo es idéntico para toda la función pública.

Sin embargo, no faltan los antecedentes significativos. Ya en diciembre de 2012, el Supremo echó abajo dos designaciones de altos cargos del Tribunal de Cuentas, y en 2009 anuló el nombramiento de la hermana de un consejero como subdirectora, aunque mediante una resolución de 24 de marzo de 2010 y después de un informe del consejero de más edad del Tribunal de Cuentas, volvieron a nombrarla para el puesto.

El Supremo puso en evidencia una manera de hacer que consiste en deteriorar la independencia de las instituciones de control por el procedimiento de llenarlas de familiares o amigos. Pueden ser discutibles los criterios para proveer al Tribunal de Cuentas de personal cualificado, pero lo es todavía más que la vía familiar sea la fuente de alimentación del 14% de la plantilla. No se puede jugar con la credibilidad del control de cuentas de la Administración ni vivir en la complacencia de que un órgano semejante es capaz de garantizarlo.

El Tribunal de Cuentas ha perdido la oportunidad de ejercer un papel de referencia económica de la democracia. Su fracaso respecto a la financiación irregular de los partidos y de la corrupción política constituye un ejemplo evidente de su escasa utilidad, no solo por el lento modo de funcionamiento, sino por las trabas legales a las que se ha visto sometido. El PSOE pide “información” y el PP cree que el presidente del organismo “lo aclarará”: reaccionan como si se sintieran ajenos, pese a que siete consejeros del Tribunal fueron nombrados a propuesta del PP y cinco del PSOE (uno de ellos consensuado con IU) durante la última renovación, realizada en 2012.

En vez de aparentar sorpresa, los partidos tienen la oportunidad de actuar ahora de forma mucho más eficiente: llevar a cabo una investigación parlamentaria y rehacer el órgano fiscalizador sobre bases de independencia y eficacia dignas de tal nombre. Todo lo demás es ilusionismo.

 

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