Progresividad relativa

A medida que se conocen los detalles sobre la rebaja fiscal anunciada el pasado viernes surgen preguntas a propósito de su impacto sobre las rentas de los ciudadanos y el eventual impulso que podría dar a la demanda interna. La razón es evidente: la rebaja es progresiva hasta cierto punto. Es cierto que reduce los tipos en los niveles más bajos de renta, pero luego va perdiendo progresividad en los tramos medios —para los casi nueve millones de contribuyentes que declaran entre 12.000 y 33.000 euros, los tipos pueden incluso subir; se beneficiarán del cambio en función de las desgravaciones— y se convierte después en beneficiosa para las rentas más altas.

No conviene caer en la demagogia sobre este particular, porque las rentas superiores a 150.000 euros son las que sufrieron una subida mayor a finales de 2011. En todo caso, el descenso tributario (acentuado además por una reducción de tramos, insuficiente para simplificar de verdad el modelo de IRPF) para las rentas altas podía haberse justificado en función de su mayor contribución al ahorro. Pero esta contrapartida tampoco está garantizada, ni siquiera mediante el descenso del gravamen en las rentas de capital. El resultado medio a la vista está: las rentas de hasta 50.000 euros se beneficiarán en un 10% del descenso fiscal mientras que las que superen los 500.000 ganarán en torno al 13%.

El desequilibrio de la rebaja tributaria aumenta con la adopción de otras medidas discutibles. Hacer que tributen las indemnizaciones por despido improcedente por encima de los 2.000 euros anuales no mejorará demasiado la recaudación ni impulsará el consumo. Es una medida punitiva basada en el supuesto de que se ha abusado de este tipo de despidos. Fijar el umbral exento de los planes de pensiones en 8.000 euros tampoco favorece el ahorro. Y no hay cuantificación de las deducciones eliminadas, que podrían compensar la pérdida de ingresos.

Sigue sin haber respuestas políticas a las preguntas capitales que suscita esta bajada de impuestos. La más importante es cómo se van a conseguir los más de 25.000 millones necesarios para cumplir con el déficit en 2016, como ha recordado con dureza la Comisión Europea. No basta con decir que “las cosas han mejorado”, salvo que el Gobierno considere que esa mejora proporcionará un aumento de la recaudación de 25.000 millones en dos años, más los casi 5.000 que costará esta rebaja fiscal.