Vigilar al tutor

La investigación abierta por la fiscalía sobre la Fundación Afal, entidad supuestamente sin ánimo de lucro que gestiona, por un encargo judicial, el patrimonio de un centenar de enfermos incapacitados, ha puesto de relieve la existencia de peligrosos agujeros negros en el control de las tutelas. En el caso de Afal, la fiscalía investiga el posible desvío de patrimonio de las personas tuteladas hacia la propia entidad —que ha multiplicado por 300 su patrimonio en apenas siete años— y de ésta hacia empresas vinculadas a miembros de la junta directiva.

Las investigaciones han puesto de relieve, por ejemplo, que la cúpula de Afal contrataba importantes servicios con empresas vinculadas a la presidenta, Blanca Clavijo, y que estas relaciones comerciales habían sido ocultadas al resto de los socios. También se están analizando algunos de los servicios facturados, de apariencia altamente sospechosa, como el cobro por parte de una de esas empresas a una de las pacientes tuteladas por la entidad de 111.000 euros por algo tan poco definido como 40 días de asesoría inmobiliaria.

A la espera de lo que la investigación concluya respecto al alcance delictivo de esas actuaciones, el caso ha revelado la falta de controles eficaces en una actividad que, precisamente por estar destinada a proteger a personas tan vulnerables, debieran ser especialmente exigentes. Y no es que no existan medios para ejercerlos. La normativa vigente no solo establece un riguroso procedimiento judicial para incapacitar a una persona y adjudicar su tutela, sino que también estipula que esa tutela será objeto de vigilancia por las mismas instancias judiciales. El problema es que no siempre se ejerce.

Cada año se presentan en los juzgados unas 27.000 demandas de incapacitación de personas que no pueden administrar sus bienes por sufrir alzhéimer o enfermedades mentales. En la mayoría de los casos, la tutela recae sobre algún familiar, pero si no hay familia se recurre a entidades y fundaciones especializadas. Estafar a personas incapacitadas pertenece al rango de conductas más repugnantes. La sospecha no es generalizable, pero esas conductas pueden darse. Por eso, tan importante como garantizar la tutela del enfermo es asegurar un control eficaz de esa tutela.