Una frivolidad

El Estatuto de Cataluña previó establecer un consorcio entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si Generalitat y Gobierno hubieran seguido ese designio, la gestión fiscal resultante en Cataluña sería hoy potente, enraizada en el territorio y, como probable consecuencia, menos porosa al fraude. En lugar de eso, el Ejecutivo de Artur Mas rizó el rizo soberanista para crear, bajo su lema electoral de generar “estructuras de Estado”, una agencia tributaria entre la Generalitat y las cuatro diputaciones catalanas. Esta opción, adoptada por imperativos ideológicos y no recaudatorios, configurará inevitablemente un organismo de pacotilla.

Será así porque unificará varias entidades minúsculas, que en conjunto podrán gestionar unos 4.000 millones de euros anuales, el 5% de los impuestos recaudados en Cataluña. Así lo estima un estudio del propio Consejo Asesor para la Transición Nacional (CATN), que planifica la ejecución de las ideas de Mas.

La precariedad institucional, organizativa, de personal y financiera de la pomposa estructura de Estado es portentosa. Podrá convocar ahora 24 plazas de las entre 2.000 y 2.800 que requeriría. Y además, no de funcionarios especializados, sino trasladados, dada la congelación de plantillas. Y deberá depender informativamente de la Agencia Estatal, como indica el informe del CATN, de manera que para ese viaje no se necesitaba tanta alforja hueca.

Todo esto se ha puesto de actualidad al socaire de que la flamante agencia ha empezado a recopilar los datos fiscales de los ciudadanos catalanes que así lo deseen. El carácter voluntario de tal medida constituye la mejor medida de su esoterismo: si algo distingue a una administración tributaria no es su voluntariedad, sino su carácter imperativo, con obligaciones codificadas y régimen sancionador claro y conocido. Lo contrario es propio de aficionados. Otra cosa es que el aparato fiscal deba acompañarse de un fuerte control democrático, por razones de coherencia entre deberes y derechos. Desde la independencia de EE UU, tributo y voto van de la mano, como es característico de los regímenes democráticos y no lo era de los autocráticos.

Hasta aquí llega la reseña de las objeciones técnicas más obvias al sucedáneo de administración fiscal de Mas. Será tarea de titanes evitar el ridículo y el fiasco. Pero en la apelación a la elegibilidad de agencias por los ciudadanos para depositar sus impuestos palpita algo más inquietante: la traslación de los dilemas y tensiones propios del proceso soberanista, lanzado por algunos partidos, hacia la esfera más personal de los ciudadanos. Pagar impuestos es un deber público. Las máximas garantías a su ejercicio, el tratamiento reservado a los datos personales, al patrimonio, a la renta, a todos los ingresos que devienen bases fiscales imponibles, son su contrapartida evidente. Jugar con ello frívolamente por afán partidista implica un desprecio frontal a la autonomía individual de los contribuyentes catalanes. De todos ellos.