Océanos, la última frontera

Los mares, más allá de las aguas bajo jurisdicción nacional, representan el 45% de la superficie de nuestro planeta; y su salud es crucial para garantizar la seguridad alimentaria, así como para mitigar el cambio climático.

Su inmensa riqueza, asociada a la práctica ausencia de normas y de controles, evoca aquel "salvaje Oeste", en el que se imponía la ley del más fuerte. Así lo señalaba recientemente David Milliband, ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y actual copresidente –junto con José María Figueres, ex presidente de Costa Rica y Trevor Manuel, ministro de la Presidencia de Sudáfrica– de la Comisión Océano Mundial (Global Ocean Comission, COG), en la que participo desde su lanzamiento en febrero de 2013, junto con otros 16 miembros, la mayoría con larga trayectoria de responsabilidades públicas.

La Comisión es una iniciativa de varias instituciones sin ánimo de lucro –entre otras la Pew Charitable Trust y el Sommerville College de Oxford. Su objetivo es el de situar en la agenda política y en la opinión pública la urgencia de establecer una gobernanza global para esta franja de los océanos fuera de las aguas bajo jurisdicción nacional, proponiendo medidas concretas para evitar el colapso de la biodiversidad marina, frenar las prácticas ilegales en alta mar y fortalecer la resiliencia de los mares frente al calentamiento global.

Se trata, en primer lugar, de promover una mayor concienciación ciudadana sobre la importancia del océano para todos los ciudadanos del planeta –los actuales y las generaciones venideras–, muy en particular de los casi mil millones de personas que viven en las zonas costeras y cuyo sustento depende fundamentalmente de los recursos marinos.

Existe amplia información al respecto: la comunidad científica alerta, cada vez con más evidencias, sobre el agotamiento de los recursos pesqueros, sobre los efectos de la acidificación del océano para la vida marina... así como sobre la interacción entre el cambio climático y las alteraciones en la temperatura, las corrientes y, en general, la dinámica del océano.

Hace pocos días, otro de los miembros de la GOC, Paul Martín, ex primer ministro de Canadá, invocaba la necesidad de un potente "movimiento global" a impulsar desde los medios de comunicación, instituciones públicas y ONG, contra la degradación del patrimonio común de los océanos. Martin ponía el énfasis en el papel crucial de los ciudadanos como consumidores responsables, capaces de exigir prácticas pesqueras sostenibles; y comparaba la urgencia de una gobernanza global de la actividad humana en el océano a la del sistema financiero, cuya desregulación ha comportado la gravísima crisis económica de los últimos años.

La GOC ha llevado a cabo encuestas que demuestran el insuficiente conocimiento de la realidad de los océanos. También ha abierto su propia web a sugerencias sobre varios documentos que describen los retos y las posibles líneas de actuación en diez áreas temáticas; y está preparando un conjunto de recomendaciones, que se trasladarán a la Asamblea de Naciones Unidas antes del próximo mes de julio, de forma que puedan contribuir al debate previsto sobre la implementación de un Acuerdo Internacional para la protección de la biodiversidad en alta mar, de acuerdo con el mandato de la Cumbre Rio+20. También está prevista una presentación en España para que partes implicadas y publico contribuyan al debate.

Asimismo, la GOC está impulsando una alianza con el grupo de los pequeños Estados Insulares (SIDS) y otros países, para que la conservación de los océanos sean incluidos por la ONU en 2015 como uno de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello comportaría visibilidad y compromisos concretos en relación con esta materia, por ejemplo en relación con la extensión de áreas marinas protegidas, hasta la fecha apenas un porcentaje inferior al 3% del océano.

La GOC está ya trasladando otras propuestas en diferentes ámbitos: por ejemplo, en la Organización Marítima Internacional, instando a que los países miembros acepten mecanismos de identificación de todos los barcos pesqueros –análogos a los que se utilizan en los buques mercantes–, como herramienta indispensable para combatir la pesca ilegal. O la propuesta de creación de una vigilancia internacional específica para vigilar actividades en alta mar que hoy se desarrollan sin suficiente control.

El análisis de la GOC incluye los efectos negativos de los cuantiosos subsidios públicos que generan un exceso de capacidad pesquera, beneficiando además a empresas que practican técnicas destructivas de los hábitats marinos. Esos fondos deberían reasignarse para incentivar la pesca responsable.

Como en otros ámbitos, la transición hacia modelos más sostenibles de producción y de consumo no es tanto un problema de recursos disponibles, sino de suficiente voluntad política para utilizarlos adecuadamente; y también de transparencia para conseguir una ciudadanía bien informada, exigente y responsable.

Cristina Narbona es miembro de la Global Ocean Commission.