Saqueadores

Poco a poco el escandaloso saqueo de las cajas de ahorros españolas está llegando a los tribunales, en busca de la aclaración definitiva de la masiva quiebra de entidades y con el propósito de fijar las responsabilidades personales. Los abogados de la Fundación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), inicialmente contratados por el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) han solicitado una pena de seis y 10 años de cárcel para dos exdirectivos de la CAM, a los que se acusa de apropiación indebida y administración desleal. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, aprecia indicios de delito en cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia. Si en el caso de la CAM los imputados multiplicaron por 10 sus dietas mediante triquiñuelas societarias y se autoconcedieron préstamos, en el caso de Novacaixagalicia estaríamos ante un caso de indemnizaciones infladas y sin control.

Lo cual vendría a demostrar que las cajas de ahorros arruinadas y reflotadas con dinero de los contribuyentes fueron saqueadas con técnicas fraudulentas muy variadas y destructivas. En el caso de la CAM, la investigación judicial más importante se centra en los préstamos (160 millones) otorgados a la sociedad Valfensal, en la que participa uno de los exdirectivos juzgados ahora en la pieza por abuso de confianza y administración fraudulenta.

Hay que confiar en que los jueces llegarán al fondo de las operaciones de saqueo, de las que también son responsables los grupos políticos que las alentaron y los controladores que las ignoraron. Pero las intervenciones de las cajas quebradas se produjeron entre 2011 y 2012; ha tenido que pasar más de un año para que la maquinaria judicial inicie los pasos preliminares de los procesos más importantes. Será un tópico, pero la tardanza en juzgar los desmanes financieros favorece a los presuntos infractores y perjudica a quienes pagan las consecuencias, sea el perjudicado una institución —como la CAM o Caixagalicia— o personas atrapadas en las preferentes.

La investigación en los tribunales no debería centrarse solo en las conductas claramente delictivas, como la administración desleal o la estafa, sino también en detallar las operaciones de alto riesgo que son las principales responsables del hundimiento de las cajas regionales. Para que se comprendan a fondo las causas de ese hundimiento y para modificar las leyes, si fuera necesario, con el fin de castigar proporcionalmente las malas prácticas bancarias.