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EDITORIAL

Final ordenado de ETA

La política democrática tiene que dar pasos para consolidar la victoria del Estado frente a la banda

La disolución de ETA es el objetivo irrenunciable de la democracia española y el más claro reconocimiento de la victoria del Estado frente a la banda terrorista. Sin embargo, sería ingenuo pensar que los demócratas solo tienen que sentarse a esperar el comunicado de disolución, tantas veces reclamado desde el Gobierno y otras instancias. La gestión de un final ordenado de ETA incumbe a los partidos democráticos, y en ese sentido es positiva la noticia de la reunión discreta mantenida por el lehendakari, Iñigo Urkullu, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, precedida de otra entre Urkullu y el dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Una vez consolidada la certidumbre del fin de la violencia y de que no habrá vuelta atrás, la aplicación de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la doctrina Parot ha excarcelado a varias decenas de etarras en condiciones distintas a las que anunciaban los agoreros: ni apologías del terrorismo ni escenificaciones de una supuesta victoria de los vencidos, salvo mínimos incidentes.

Quedan cientos de terroristas en las cárceles. Y precisamente del colectivo de presos de ETA salió la iniciativa de aceptar la legalidad y acogerse al procedimiento individual de petición de beneficios penitenciarios, lo cual excluye la hipótesis de negociación colectiva con el Gobierno pretendido desde siempre por la banda. Este paso rompe la contumacia de ETA para cuestionar y erosionar el Estado de derecho, y la consecuencia es que los presos asumen la derrota de su razón de existir y reconocen a ese Estado de derecho al que tanto han combatido.

El objetivo de llegar al final definitivo se encuentra ligado a la cuestión de los presos. El Ejecutivo de Rajoy ha mantenido íntegramente su política penitenciaria y no se le puede pedir que la cambie, pero conviene explorar fórmulas de reinserción de aquellos etarras que renuncien públicamente a la violencia, pidan perdón a las víctimas y se comprometan a reparar el daño causado en la medida de lo posible, en la estela de lo que se llamó vía Nanclares. A su vez, ETA tiene que llevar a cabo un desarme efectivo y verificable.

La moderación adoptada por el PNV y por Urkullu es una garantía. Los dirigentes de las fuerzas políticas más importantes le escuchan. La noticia del cierre de una coalición entre CiU y PNV para las próximas elecciones europeas, sin participación en ella de Esquerra Republicana de Catalunya, afianza la sensación de moderación. En todo caso, una solución sólida y real necesita de la colaboración de más instancias y fuerzas políticas: los Gobiernos central y de Euskadi, por supuesto, pero también los socialistas y el propio PP de Euskadi, cuya presidenta, Arantza Quiroga, representa una línea más interesante que la pura crítica y descalificación por parte de algunos de los disidentes surgidos en el seno del PP.

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