Carne picada

1. ¿A quién debe preocuparle —sobre todo de entre quienes no pertenecen a un sindicato— que la afiliación sindical se sitúe en España en niveles muy bajos y que lo más probable es que baje aún más? A los asalariados, a los parados, a las clases media y baja. Está demostrado que cuanto más débiles son los sindicatos, más empeora la suerte de esos colectivos. Los sindicatos garantizan que los trabajadores tengan una voz que les represente tanto en el mercado como en la democracia. Cuando los sindicatos son fuertes pueden garantizar salarios más justos y que se tenga en cuenta a los asalariados en la toma de decisiones de las empresas y las Administraciones. En el mejor de los casos, los sindicatos también fomentan la participación pública entre todos los ciudadanos y ayudan a los trabajadores a conseguir mejorar las políticas y los bienes públicos, como las pensiones o un salario mínimo.

El descrédito en que ha caído UGT en las últimas semanas —y que arrastra, se quiera o no, en una parte a CC OO— debilita al sindicalismo español en un momento en el que es más necesario que nunca. Otra de las instituciones intermedias susceptible de convertirse en carne picada.

2. La Agencia Tributaria, el organismo que recauda los impuestos de los ciudadanos, ha entrado en una nube de sospechas acerca de las posibles interferencias políticas (en el caso de las inspecciones a una multinacional, en el caso de un miembro de la Casa del Rey) que permite especular, con razones o no, sobre el distinto trato a unos y a otros. Las dimisiones, los cambios, abonan esta sospecha. Es urgente que los responsables políticos las disipen y convenzan, so pena de menguar la credibilidad sobre la recaudación y el uso de los impuestos, mucho más después de la amnistía fiscal. Si no, la Agencia Tributaria se incorporará a la lista de instituciones (judiciales, políticas, económicas...) que forman parte de las preocupaciones ciudadanas en lugar de facilitarles la vida.

3. En el último momento, por medio de una enmienda en el Senado, el PP rompió sin consultar un acuerdo con las empresas eléctricas para que el Gobierno aportase su esfuerzo con objeto de reducir el déficit eléctrico, junto a las propias empresas y los consumidores, en forma de ayudas presupuestarias por valor de 3.600 millones de euros. Es secundario el modo en que se arregla este problema; lo significativo para esta reflexión es que las compañías eléctricas se encontraron, de repente, con que aquello que habían pactado con el Ministerio de Industria no servía para nada. Una especie de inseguridad jurídica, de aplicación nada sutil del principio de retroactividad, similar a lo que una temporada antes la industria de energías renovables había acusado al Gobierno en el mismo contexto de la ley eléctrica. Solo hay un principio sagrado: cumplir el déficit público, en este caso a costa de engordar el déficit eléctrico.

Por el camino van quedando, una tras otra, las certezas que aseguraban el cemento que cohesiona a una sociedad.