Poder para el banco

El anteproyecto de ley de supervisión y solvencia de entidades de crédito puede resumirse en una decisión clave: conceder amplios poderes al Banco de España para que actúe como supervisor único del sistema bancario en línea con las directivas sobre regulación bancaria que llegan de Bruselas. Aunque parezca paradójico, el Banco de España tenía una capacidad de intervención limitada en actividades neurálgicas de bancos y cajas; no es un secreto que algunos gobernadores compensaron esas limitaciones, cuando lo consideraron conveniente, con presiones políticas y financieras muy intensas. El anteproyecto despeja muchas dudas sobre los poderes del regulador. Y se esfuerza en reordenar parte de la legislación bancaria que, después de normas y directivas provisionales, parecía dispersa.

Pocas dudas caben, pues, sobre la oportunidad política del anteproyecto. Donde mejor se aprecia la voluntad del Gobierno de armar al Banco de España para evitar nuevas crisis bancarias es en la regulación de los poderes para intervenir en la actividad de las entidades de crédito cuando rocen los requisitos de solvencia. El banco puede fijar nuevas exigencias de capital, o prohibir los dividendos o, en último extremo, intervenir el banco. A todos los efectos, se convierte en una institución autosuficiente tanto en el control de los grandes parámetros como en cuestiones de detalle.

Los gobernadores ya no podrán argüir que carecen de poder para frenar las consecuencias de la mala gestión en una entidad de crédito; y los banqueros tendrán que ajustarse a nuevas condiciones legales que probablemente no gustarán a todos. El anteproyecto faculta al Banco de España para elevar las sanciones a la banca hasta cinco millones de euros, le permite negar las indemnizaciones millonarias a los directivos, le da capacidad para exigir la devolución de los bonus percibidos por los gestores y habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para, por ejemplo, castigar las ventas al descubierto.

No es necesario subrayar que el anteproyecto se propone impedir que se repita una nueva crisis bancaria en España. Para ello, es decisivo dar más capacidad de acción al Banco de España. El siguiente paso, que complementaría el control de solvencia, podría consistir en reformar la legislación para que los clientes (depositantes, tomadores de crédito, compradores de activos accionariales o de inversión) dispongan de más facilidades de información y reclamación ante el regulador bancario.

Pero no está de más observar que la próxima crisis financiera no tendrá probablemente las mismas características ni producirá los mismos efectos que la que acaba de darse oficialmente por cerrada. Los productos bancarios y financieros son cada vez más sofisticados. Por otra parte, los buenos deseos y las facultades que permiten aplicarlos son irreprochables; pero la eficacia de una ley proviene además de su aplicación firme e indiscriminada. Que es lo que cabe pedir para la ley que salga de este anteproyecto.