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EDITORIAL

Supervisar al supervisor

Es necesario responder con rigor a las denuncias de los inspectores del Banco de España

Deducir lecciones de esta crisis es la primera obligación de aquellas instituciones más directamente vinculadas a la misma. La complejidad de su emergencia y, en todo caso, de su desarrollo en estos cinco años largos, no permite identificar una única como responsable. Al igual que en otras economías, los problemas del sistema bancario están dificultando la recuperación. Además, su gestión está requiriendo cantidades importantes de recursos públicos, mientras se retiran prestaciones sociales básicas o inversiones públicas imprescindibles. A la especial gravedad de esta crisis han contribuido errores, cuando no manifiestas imprudencias o actuaciones legalmente cuestionables. Es lo que puede haber ocurrido en el Banco de España si son ciertas las denuncias de los inspectores de esa institución.

Los informes de la asociación que agrupa al 80% de los inspectores del Banco de España, que este periódico ha difundido, no son precisamente tranquilizadores. Que hayan sido solicitados por el actual gobernador o que incorporen componentes asociados a reivindicaciones corporativas no debe excluir su detenida toma en consideración, y, en todo caso, el completo esclarecimiento de las denuncias que manifiestan, algunas de ellas ciertamente graves, alarmantes. La acusación de que “la forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado” sintetiza la necesidad de que esa comisión ahora creada por el gobernador Luis Linde verifique con detalle y rigor cada una de esas denuncias y aporte cuanto antes sus conclusiones sobre la calidad técnica y la legalidad de las prácticas de supervisión hasta ahora vigentes y de las actuaciones de los responsables correspondientes. No menos graves son las acusaciones de injerencia de la banca y de los políticos en las funciones supervisoras, dada la presunción de exquisita independencia que, al menos formalmente, tenía asignada esta institución.

En muy poco tiempo se ha echado por la borda la muy importante reputación de una de las instituciones más respetadas del país, particularmente destacada en las tareas de inspección y supervisión bancaria, reconocida internacionalmente y apenas cuestionada en las últimas décadas. Ese respeto le granjeó una gran influencia en la orientación de las políticas económicas con todos los Gobiernos desde antes incluso de que dispusiera formalmente del estatuto de autonomía. Por el bien de todos y de la credibilidad de la economía española en su conjunto, conviene que la dinámica abierta con esos informes no se cierre en falso. El Banco de España debe demostrar de forma preeminente que no solo no se deja “capturar por los regulados”, o influir por el Gobierno de turno, sino que debe disponer de mecanismos que permitan asignar responsabilidades a los que juegan con la protección de la que disfruta el sistema bancario.

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