Rajoy, segunda etapa

La oposición y los sindicatos se han puesto en guardia frente al anuncio realizado ayer por Mariano Rajoy de preparar una ley que garantice los servicios mínimos en casos de huelga. Cae en ocasiones el Gobierno en la tentación de legislar en caliente, y las imágenes de Madrid durante el paro de los servicios de limpieza sin duda tienen que ver con el anuncio presidencial. Pero sería una equivocación actuar unilateralmente en algo que afecta a uno de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, el de huelga, sin perjuicio de que regular su ejercicio sea una tarea pendiente en la que deberían participar los sindicatos, la patronal y la oposición.

En el ecuador de la legislatura, el temor ante una nueva vuelta de tuerca viene del uso que se ha hecho de la mayoría absoluta, combinado con la abundancia de decretos leyes. No se puede reformar el sistema educativo sin explicarlo exhaustivamente, ni pretender que se instale como una verdad la afirmación que hizo ayer el jefe del Gobierno, en el sentido de que “para manifestarse hay que pedir autorización”. La Constitución protege justamente lo contrario: no se requiere autorización. Lo que fija es el deber de comunicarlo previamente, y prohibir su ejercicio solo por “razones fundadas de alteración del orden público”. Así se ha conseguido respetar el derecho de manifestarse durante muchos años y de circunscribir al mínimo los casos de violencia; aprovechar el poder de la mayoría parlamentaria para alterar sustancialmente las reglas del juego no solo es arriesgarse a nuevos enfrentamientos políticos, sino a exacerbar problemas callejeros hasta ahora relativamente aislados.

Por lo demás, la entrevista concedida por Rajoy a Radio Nacional de España confirmó tanto el propósito de llevar adelante una reforma fiscal, como el de terminar la legislatura con menos paro del que había cuando empezó a trabajar en La Moncloa. El presidente reconoce haber dicho cosas que no ha podido cumplir, por lo que sus anuncios tienen un valor relativo. En todo caso, la persistencia del paro es la mancha en el balance económico de los dos años transcurridos desde la victoria electoral del PP, y no detenerla constituye una amenaza electoral. Porque Rajoy avisa de que los recortes al gasto público continuarán: solo se compromete a que sean “no tan importantes” como los de años pasados. Y sobre la reforma fiscal dijo demasiado poco —mantener el IVA, tocar el IRPF— como para saber si esta va a ser la clave del final de la legislatura.

No acierta Rajoy en el modo de quitarse de encima el problema de la corrupción en su partido. Sobre el caso Bárcenas dijo ayer que en 2009 tenía unas informaciones y que ahora tiene “otras”. “Las cosas son así”, añadió, como si lo sucedido fuera un imprevisto problema climático. El presidente quiere ir a los procesos electorales que se avecinan habiendo pasado página demasiado pronto sobre un hecho que afecta a la limpieza democrática.