La querella antifranquista y la fiscalía

La decisión de la juez argentina María Servini de Cubría de ordenar la detención preventiva de dos españoles para, mediante su extradición a Buenos Aires, tomarles declaración indagatoria sobre las torturas que, según numerosos denunciantes, les infligieron durante el franquismo, cuenta con la oposición de la fiscalía española, contraria a la normal tramitación de la querella argentina, en el ejercicio de la jurisdicción universal frente a delitos de lesa humanidad. Desde que el 14 de abril de 2010 se produjeron las primeras denuncias en sede judicial argentina, el ministerio público español, constitucionalmente obligado a “promover la acción de la justicia”, ha tratado de neutralizar el intento de las víctimas del franquismo de obtener reparación respecto a los graves crímenes de que fueron objeto entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La juez Servini ordenó el 18 de septiembre último la detención preventiva —aparte de otros dos exfuncionarios del régimen franquista, ya fallecidos— de Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, de 68 años, y Jesús Muñecas Aguilar, de 74. El primero de ellos, policía integrante de la tristemente célebre Brigada Político Social, y el segundo, guardia civil participante en la intentona golpista del 23-F. El arresto preventivo de ambos sujetos, para preguntarles sobre las “constancias probatorias” en poder de la juez, ha sido encomendado por la magistrada a Interpol, que les detendrá en caso de que se ausenten de España, como le ocurrió en Reino Unido al exmandatario chileno Augusto Pinochet en 1998, reclamado por el entonces juez Baltasar Garzón, en aplicación también de la jurisdicción universal.

En los 204 folios de la resolución de la juez Servini, muy documentados sobre el correcto ejercicio de la jurisdicción universal —con informes de Amnistía Internacional y otros expertos en la defensa penal de los derechos humanos—, se rebate la pretensión del ministerio fiscal español de impedir la persecución de los crímenes del franquismo, unas veces con el argumento falso de que en España se están persiguiendo, otras por considerar prescritos delitos imprescriptibles o por estimar que la Ley de Amnistía de 1977 canceló todos los crímenes franquistas, a pesar de que no contempló los delitos de genocidio ni los de lesa humanidad, entre ellos la tortura.

La justicia española desaprovechará una nueva oportunidad
de mitigar su
vergüenza histórica

La juez Servini recabó y obtuvo el 27 de mayo último el testimonio de Garzón, quien aseguró que legalmente era posible en España la persecución de los crímenes del franquismo, hasta que el Tribunal Supremo se lo impidió a su juzgado, en contradicción con la sentencia del mismo tribunal que condenó al argentino Adolfo Scilingo. Preguntado sobre si es cierto, como informó la fiscalía española, que se estén investigando en España los crímenes del franquismo, Garzón contestó: “Radicalmente, no”. Y añadió: “Este juzgado es el último reducto judicial que les queda a las víctimas del franquismo para ser reparadas. (…) De ahí la importancia trascendental de esta investigación”. Explicó que había comparecido “para atender la citación judicial y cumplir el deber de colaboración con la justicia”.

Los primeros pasos dados por la juez Servini para perseguir los delitos denunciados en la querella argentina ya han sido objetados por la fiscalía, que estimó “innecesaria” la detención de Billy El Niño y Muñecas con argumentos ya desestimados por la juez, como que los dos individuos reclamados podrían estar amnistiados o que se hubiera extinguido su responsabilidad criminal. La fiscalía, ante la orden judicial de detención, se pronunció en contra, “habida cuenta de la antigüedad de los hechos”, y argumentó que las acusaciones son muy generales y en algunos casos ocupan dos líneas. El detalle de los hechos imputables por torturas ocupa en la resolución de la juez 47 folios.

Entre las numerosas y detalladas denuncias se relata cómo en agosto de 1968 el entonces capitán Muñecas acompañó en el cuartel de la Guardia Civil de Zarautz (Guipuzcoa) a los familiares de un detenido, “lleno de arañazos y de restos de sangre, la cara hinchada, llena de moratones (…) Estaba irreconocible”. Pero a los familiares del torturado les impresionó lo que Muñecas les dijo: “Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar”. Más abundantes son los denunciantes de Billy el Niño. Varios resaltan que en 1973 en Madrid, tras la muerte de un policía el 1 de mayo, capitaneó a un grupo de sociales, “apuntándonos con sus pistolas y gritándonos que nos iban a matar a todos para vengarse”, relatan varios denunciantes. González Pacheco “me dio la mayor paliza de mi vida, creí que efectivamente me iba a matar”, afirma uno de ellos.

El juez Pablo Ruz —muy sensible generalmente a las observaciones de la fiscalía— no dio cumplimiento inmediato a la orden internacional de detención, sino que decidió que, una vez que las autoridades argentinas cumplimentaran la solicitud de extradición, citaría a los dos querellados, para preguntarles si quieren ser extraditados... Así pues, de la mano de la fiscalía, tras el ridículo internacional experimentado al impedir a Garzón investigar los crímenes del franquismo, la justicia española seguramente desaprovechará una nueva oportunidad de mitigar su vergüenza histórica.