Iniciativa mejorable

Por fin, el Gobierno aprobó ayer el proyecto de ley de unidad de mercado, que amenaza con convertirse en otro frente de conflicto con la legalidad autonómica. Es una evidencia que un Gobierno debe garantizar la unidad de mercado en el área que gobierna; que las normas autonómicas no pueden ni deben superponerse unas a otras y todas ellas a las del Estado cuando se trata de producir bienes o servicios; y que la fronda legislativa tiene costes elevados para las empresas que podían ahorrarse con simplicidad administrativa y normativa común. La iniciativa de ordenar el mercado es correcta y debió plantearse antes.

El problema es que la decisión concreta del proyecto resulta alicorta, está mal fundamentada y su gestión política deja que desear. Está bien, por supuesto, establecer el principio de licencia única para los profesionales, de forma que fontaneros o electricistas no tengan que pasar por trámites burocráticos añadidos cuando quieren ejercer en Salamanca en lugar de Zaragoza, o que ciertas normas técnicas de productos de gran consumo sean de validez nacional. Pero el proyecto debería ir más lejos: unificar horarios comerciales (en la medida de lo posible) o universalizar los requisitos para implantar centros comerciales y servicios: ataca la racionalidad económica el hecho de que para abrir un centro comercial o una gasolinera las exigencias varíen bruscamente según las autoridades autonómicas implicadas.

Efectivamente, existe el riesgo de invadir competencias autonómicas. Y para evitarlo, el proyecto tendría que haberse discutido antes con ellas, para acordar, si fuera necesario, un marco general para productos y servicios básicos. La oposición de Euskadi, Cataluña, Andalucía y Canarias debió haberse previsto y minimizado con negociación y persuasión. En resumen, la idea es buena; el fundamento teórico, evidente; pero presenta dificultades de encaje con las autonomías que no se han sabido resolver. La solución drástica (que la Comisión Nacional de Competencia suspenda la norma autonómica en caso de confrontación) agrava el riesgo de litigiosidad.

Asegura el Gobierno que de la aplicación del proyecto se derivará un beneficio para la economía española equivalente al 1,5% del PIB, unos 15.000 millones, pero no hay una memoria económica que lo fundamente o demuestre. De nuevo un cambio normativo de importancia se defiende con evaluaciones económicas indemostrables.