Extraña austeridad

Desde que comenzó la crisis, en agosto de 2007, el gasto público ha aumentado 9,3 puntos del PIB en España. Solo en 2012 lo hizo en 1,9 puntos. Este incremento de tamaño del sector público, junto a la fuerte caída de ingresos de las primeras fases de la crisis, ha originado subidas generalizadas de los tipos impositivos que apenas han conseguido contrarrestar la caída de ingresos. Como consecuencia, el mayor tamaño público se financia con déficit, que en 2012 alcanzó el 10,63% del PIB y que en el primer trimestre de 2013 persiste en el 10,44% del PIB. La implicación es evidente: el aumento de tamaño del sector público no solo exige mayores impuestos en el presente, sino que también los exigirá en el futuro sobre las próximas generaciones. El debate público está servido.

Como consecuencia, la deuda pública ha aumentado, desde diciembre de 2007, en 540.521 millones de euros, a un ritmo de más de 100.000 millones al año, hasta alcanzar el 88,2% del PIB actual. En 2012 se batieron todos los registros, con un aumento de 15 puntos del PIB, y en el primer trimestre de 2013 siguió creciendo al ritmo anual de 16,7 puntos. La deuda pública per capita supera ya los 20.000 euros y por persona ocupada alcanza la cifra récord de 55.500 euros.

A pesar de esta evidencia abrumadora, la clase política se divide entre quienes muestran satisfacción por esta extraña austeridad y quienes claman porque es excesiva, mientras discuten cómo repartirse el margen de maniobra fiscal otorgado recientemente por Europa, que asciende a 2,0 puntos del PIB en 2013 y a 3,0 en 2014 (diferencia entre los objetivos de déficit actuales y los anteriores). A pesar de este margen, se retrasa a 2015 la reversión de las subidas impositivas a familias y empresas. La percepción social es extremadamente negativa, la clase política parece atender privilegios distintos del interés general. Si bien es cierto que una parte significativa del incremento del gasto es consecuencia de los soportes del Estado de bienestar, también lo es que no se ha compensado reduciendo otras partidas de gasto corriente sino trasladando el aumento de gasto a familias y empresas, mediante continuadas subidas impositivas e impuestos futuros. Los efectos sobre la actividad y el empleo han sido devastadores. Se han destruido 3,876 millones de empleos durante la crisis. Y la deuda pública ha aumentado 51,9 puntos del PIB, es decir, se han destruido un millón de empleos por cada 13,4 puntos de incremento de la deuda pública. No obstante, una corriente de opinión insiste en que la austeridad es determinante de la destrucción de empleo. La confusión existente sobre el déficit público en 2012 ha soslayado que el déficit público aumentó en realidad 1,2 puntos del PIB respecto al cierre de 2011. Si bien es cierto que sin incluir las ayudas a las instituciones financieras, el déficit público se redujo dos puntos hasta el 7,0%, también lo es que esta reducción se basó exclusivamente en el aumento de los impuestos (0,6 los directos y 0,4 los indirectos) y en la caída de la inversión pública (1,2 puntos). El resto fueron ajustes entre partidas de gasto: la reducción del consumo público, medida temporal, compensó la subida de las prestaciones sociales. Las consecuencias son relevantes: la teoría económica y la evidencia empírica muestran que los ajustes con éxito deben basarse en la reducción del gasto no productivo y no en las subidas impositivas o en la reducción de la inversión. La conclusión es evidente: el ajuste ha sido soportado exclusivamente por familias y empresas y, por ello, se han magnificado los efectos negativos sobre la actividad y el empleo.

El ajuste ha sido soportado exclusivamente por familias y empresas

La situación fiscal es extremadamente preocupante. La deuda pública continúa creciendo. En 2012 se adoptaron distintas medidas one-off: ayudas a instituciones financieras (3,7 puntos), reducción del IVA para adquisición de viviendas nuevas (0,1), suspensión de paga extra de funcionarios (-0,5), contribución extraordinaria al FGD (-0,1) y otras medidas temporales (-0,5). Excluyendo todas, el déficit público alcanzó el 8,0% del PIB en 2012. Y la evolución cíclica lo incrementará este año entre 0,4 y 1,0 puntos, hasta situarlo entre el 8,4 y el 9,0%, lejos del objetivo del 6,5%. Una forma alternativa de llegar al mismo resultado es considerar el esfuerzo fiscal (reducción del déficit estructural) necesario para alcanzar el objetivo, entre 2 (según el Gobierno) y 2,5 puntos. En todo caso ello requeriría un ajuste entre 17.800 y 26.200 millones de euros corrientes de 2012 del que habría que restar los efectos de las medidas ya aplicadas y el de las medidas del pasado 28 de junio, pero que resultan insuficientes para poder descartar un nuevo incumplimiento del objetivo.

El ahorro público se situó en marzo en el -4,7% del PIB (una cifra negativa indica la diferencia entre ingresos y gasto corriente) y el de las familias en mínimos históricos del 5,5% del PIB. Ello muestra que existe un doble problema con el ahorro: tasas mínimas simultáneas del sector público y de las familias. La única vía para salir de la crisis es abordar una solución a este doble problema.

Ello exige un definitivo plan de consolidación fiscal que estabilice la deuda pública y que haga factible el desapalancamiento de familias y empresas basándose a los siguientes principios. Primero, reducir el tamaño del sector público mediante la disminución del gasto no productivo. Segundo, revertir las subidas de la imposición directa que han fulminado el ahorro familiar. Tercero, acelerar las reformas estructurales que demandan las instituciones multilaterales. Esta es la vía para afrontar el doble problema del ahorro y aumentar el crecimiento potencial. Extraña austeridad que no aumenta el ahorro público desde finales de 2010 y que disminuye el ahorro de las familias en 7 puntos del PIB desde el inicio de la crisis de deuda.

David Taguas Coejo es director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas