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EDITORIAL

Objetivar el déficit

El reparto asimétrico entre autonomías no debe enredarse con escaramuzas electoralistas

Con buenas razones, el Gobierno se apresta a concretar los techos de déficit para las comunidades autónomas en 2013 incorporando algunas novedades, a imagen y semejanza del esquema de la Unión Europea. La principal consiste en que, a diferencia de lo que ocurrió en 2012, repartirá mejor el margen de déficit entre las distintas Administraciones, a lo que le instó oficialmente el Parlamento Europeo y le aconsejó la Comisión. A la espera de los datos definitivos, ello se traducirá en que, en vez de acopiar para sí la flexibilidad otorgada por la UE en el calendario de reducción del desequilibrio presupuestario (dos años más para España, el 6,3% en 2013) la distribuirá entre todos, atribuyendo a las autonomías un techo medio cercano al 1,8%.

La otra novedad es que aplicará un enfoque asimétrico, similar al de la UE: el objetivo final de déficit es común para todos (las 17 autonomías, igual que los 27 Estados miembros), aunque los hitos intermedios anuales difieran. Es una asimetría lógica e indispensable si se quiere que todos lleguen a buen puerto, porque las circunstancias, esfuerzos y puntos de partida de cada territorio no coinciden al milímetro. Ni Finlandia es Francia, ni Euskadi es Asturias.

Algunos barones del partido del Gobierno se incomodan ante este planteamiento. E incorporan al debate presuntos agravios comparativos o dimensiones políticas inconvenientes, a cuenta del debate sobre Cataluña. Aunque la política colorea cualquier asunto público, harían bien todos en objetivar al máximo, con criterios económicos, el debate del déficit. La tesis de que España practica un expolio fiscal sobre Cataluña, como sostiene Esquerra, es atrabiliaria. Responderla con la impugnación de cualquier mejora para la difícil situación financiera de Cataluña, calificándola de privilegio o de prima para prevenir el independentismo, es igualmente suicida.

El conjunto de las autonomías hizo un enorme esfuerzo en 2012, reduciendo a la mitad su déficit, causa profunda interna de las novedades mencionadas. Nadie debería estropear ahora el resultado —obtenido a veces por caminos distintos, con recortes ni siempre pésimos ni óptimos— en escaramuzas de signo electoralista, a veces trufadas de un sustrato de recelo anticatalán. Por más que moleste o repugne la dialéctica inversa del secesionismo.

Todos, los ciudadanos en primer término, han realizado sacrificios. Y todos deben también tener presente sus ventajas de partida. El presidente extremeño tendrá difícil repetir sus ingresos atípicos de 2012: debiera manejar con prudencia sus éxitos, sobre todo porque cuenta con la ventaja propia de los receptores netos de flujos de cohesión, europeos y españoles. En la ribera opuesta de prosperidad, la centralidad de Madrid —con su peso específico del sector y del empleo públicos, algo menos vulnerables a la crisis— introduce variables que también debería sopesar el presidente de su comunidad. Con la excusa de distanciarse del Gobierno de su propio partido, lo que hacen algunos equivale a seguidismo inverso del independentismo, también fiscal.

 

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