Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Un veredicto histórico

La condena por genocidio del expresidente Ríos Montt pone fin a la impunidad en Guatemala

La condena en Guatemala del expresidente Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de guerra representa una decisión histórica, y no solo porque por vez primera un antiguo jefe del Estado haya sido juzgado por genocidio en su propio país. El tribunal que ha condenado al anciano dictador guatemalteco —en un proceso que desde sus preliminares en 2006 ha estado muchas veces al borde del naufragio— considera probado que conocía y no impidió el asesinato masivo por sus tropas de miembros de la etnia ixil (mayas) durante el escaso año y medio de su presidencia, entre 1982 y 1983. Esa fue la etapa más cruenta de una guerra civil de más de 30 años que acabó en 1996.

Bajo el mandato del general Ríos Montt, a quien la Administración de Reagan cultivó como un aliado fiable en su lucha contra la guerrilla centroamericana, el Ejército guatemalteco se libró sin freno a las atrocidades contra las comunidades campesinas mayas, sobre todo en la región de El Quiché, a las que consideraba colaboradoras directas de los insurgentes comunistas. Casi 2.000 ixiles fueron víctimas de las masacres militares.

Otros editoriales

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir.
Suscríbete aquí

Pocas serán las consecuencias prácticas de la condena, que Ríos Montt apelará tras declararse inocente, para un hombre de 86 años. Pero su valor simbólico es colosal para un país como Guatemala, donde por primera vez los indígenas, el 40% de la población, han podido hacer oír su voz en los tribunales —y más allá de sus fronteras— contra la impunidad que históricamente ha presidido el atropello por los fuertes de los más elementales derechos de los débiles.

El proceso de Ríos Montt ha agudizado la polarización guatemalteca. Su condena, especialmente por el delito de genocidio, reabre heridas sin cicatrizar en una sociedad que todavía intenta manejar el legado de una interminable guerra intestina en la que murieron más de 200.000 personas. Pero la acerada sentencia del tribunal presidido por la juez Barrios no es solo el acto de justicia que durante décadas han estado esperando las familias de una pequeña parte de las olvidadas víctimas indígenas de aquella vesania militar. El precedente histórico significa también un clarinazo para otras zonas del mundo, donde dirigentes presentes o pretéritos gozan todavía de libertad y privilegios, pese a su probada implicación en hechos semejantes.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS