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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Interviene el cardenal

Rajoy no debe ceder a las presiones de una Iglesia que sigue actuando como poder fáctico

El presidente de la Conferencia Episcopal ha vuelto a recordarnos que esa institución no ceja en el intento de que los Gobiernos democráticos se plieguen a sus directrices, como corresponde a un poder fáctico. Lejos de poner el acento en la austeridad interna de la Iglesia o en esfuerzos adicionales de ayuda a una sociedad que lo está pasando muy mal con la crisis, el cardenal Rouco la emprende con el Gobierno porque teme que no aproveche su mayoría absoluta para cambiar la legislación sobre el aborto o poner fin al reconocimiento legal de los matrimonios entre homosexuales. Además, advierte a los políticos católicos contra la tentación de dejarse llevar por el relativismo.

La intervención del cardenal ha alcanzado ahora mayor repercusión por la coincidencia de su discurso con la primera visita del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al papa Francisco. Aunque el discurso del jefe de los obispos estaba preparado de antemano, lo cierto es que constituye un sumando más para las corrientes conservadoras que critican a Rajoy por parecerles un político demasiado templado.

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Desde la oposición se exige al Ejecutivo que no ceda a las presiones para limitar la libertad de las mujeres, a propósito de los intentos de echar abajo la legislación sobre el aborto. La número dos del Partido Socialista amenaza incluso con denunciar los acuerdos del Estado con la Santa Sede en caso de que el PP vaya de la mano con los obispos, afirmación que cuenta con escasa credibilidad, habida cuenta de que los Gobiernos de Rodríguez Zapatero no solo se abstuvieron de revisar esos acuerdos, sino que mejoraron los mecanismos por los que llega el maná público a la Iglesia y otras entidades católicas.

Esos mecanismos son los que cuestionan realmente la aconfesionalidad del Estado proclamada en la Constitución. Pero las relaciones con la Iglesia merecen una revisión más seria y reflexionada que una reacción en caliente a la enésima intromisión en la política del jefe de los obispos.

Por descontado, el Gobierno del PP tampoco debe actuar por presiones eclesiásticas. Hora es de que las fuerzas políticas den menos importancia a lo que el episcopado dice o deja de decir, y hora es también de que la Iglesia se dedique a sus asuntos.

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