Industrializar más y mejor

La causa quizás más importante de la particularización de la crisis financiera en la economía española fue el exceso de concentración de actividad económica y financiera en un solo sector: la construcción residencial y la promoción inmobiliaria. Esa rama de la actividad no solo llegó a absorber una parte muy significativa de la contribución del PIB y del empleo, sino que también lo hizo con una amplia mayoría de los recursos financieros captados en el exterior por el sistema bancario español. Tal concentración fue posible por las excelentes condiciones financieras que los agentes económicos disfrutaron a partir de la entrada de España en el euro y por una política económica y fiscal que propició la fiebre por la extensión de la propiedad de la vivienda. Los resultados son hoy suficientemente explícitos.

La desmedida atención a los activos inmobiliarios no solo es el responsable del elevado endeudamiento privado en España, sino del abandono de otros sectores industriales. Desde luego, de aquellos más intensivos en ventajas competitivas basadas en el conocimiento y de los más abiertos al exterior. Exponente del primero de los abandonos es la posición relativamente rezagada de España, de sus empresas, en la producción de bienes y servicios basados en las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). Del segundo es la dificultad para diversificar la base exportadora de nuestra industria, ya sea por sectores o por tamaños de las empresas abiertas al exterior.

Más allá de ese dominio de la construcción residencial y de las obras públicas, el peso de la industria es inferior al del promedio de las economías de la Unión Europea. La economía española no ha dejado en estos años de profundizar en los servicios. Aunque la tercerización de la economía española ha sido una tendencia paralela a la de otras economías avanzadas, que en modo alguno hay que infravalorar —más todavía dado el peso específico del turismo—, es vital afianzar la diversificación en el seno de la industria. La dirección de esa reindustrialización tiene que seguir potenciando los subsectores con mayor valor añadido, es decir, aquellos menos vulnerables a la competencia de las economías menos desarrolladas.

De ello depende que el crecimiento futuro sea más sostenible, de mayor calidad. Diversificar hacia el conocimiento también permitirá un empleo de mayor calidad que el conseguido en las últimas décadas: mejores cualificaciones, mejor formación profesional y, en última instancia, mucha menor temporalidad que la que sigue dominando el conjunto del mercado de trabajo español. En ese nuevo patrón de crecimiento, la inversión en I+D+i es esencial. El sacrificio que a lo largo de esta crisis están sufriendo esas partidas dificultará la transición hacia una nueva frontera de producción menos vulnerable: retrasará la modernización de la industria. Y con ella su potencial exportador, que debería ser la guía fundamental que orientara las políticas públicas al respecto. El problema es que también la crisis parece haber dejado sin instrumentos relevantes al propio Gobierno para influir en el fortalecimiento del capital humano y del capital tecnológico; solo unas pocas empresas están hoy más pendientes de asegurar su potencial competitivo que de sortear la elevada tasa de mortalidad que sigue caracterizando al conjunto de la industria española.